JUDICIALES

Barranquilla, 25 de junio de 2020.- Un juez de Risaralda impuso este jueves a siete de militares medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso de investigación de un presunto abuso sexual contra una menor de 13 años de la comunidad indígena de los embera katio.

Los presuntos hechos habrían ocurrido este domingo luego de que la menor se había desaparecido y fue hallada en una escuela, donde según la madre de la niña tenía dificultades para caminar.

El hecho fue denunciado en Pereira por el líder gobernador de esa comunidad, Juan de Dios Querama, y recibida por el comandante de ese Batallón San Mateo quien hizo pública la información a la que muchos le dieron credibilidad inmediata, e incluso el presidente de la República quien violando la presunción de la inocencia de los 7 soldados dijo falsamente y en un ataque de histrionismo que estrenaría la Cadena Perpetúa, no obstante que sabe perfectamente que no podría hacerlo debido a que no ha sido ni sancionada por él mismo, y mucho menos estudiada su constitucionalidad. Además de violar la separación de poderes que tanto dice respetar. El Presidente no es el Juez que aplica Justicia, sino un funcionario del Ejecutivo.

Este jueves los 7 soldados fueron trasladados desde el Batallón, San Mateo a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, y de allí a un Juzgado donde se llevó a cabo el proceso en el que supuestamente se han declarado culpables la tarde de este mismo jueves. Se desconoce los detalles y el porqué 6 de estos soldados se declararon responsables en calidad de autor, y uno habría sido declarado en calidad de cómplice. Según destacó una fuente, “los presuntos implicados se habrían visto obligados a autoincriminarse”. El delito por el que fueron acusados es el de acceso carnal abusivo en menor de 14 años que los llevaría a una pena entre 16 y 30 años de cárcel, según señaló el Fiscal General Francisco Barbosa.

Los uniformados son miembros de un batallón de 30 uniformados que se encontraban concentrados en la guarnición militar de San Mateo ubicada en Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda, y prestaban sus servicios como erradicadores en un corredor de narcotráfico.

La Fiscalía General de la Nación igualmente de inmediato inició un periodo de investigación por el presunto acceso carnal contra la menor indígena quien al parecer también participó durante las audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos y medida de aseguramiento llevadas a cabo  este jueves.

Asumiendo además su papel como ente acusador, la Fiscalía incriminó a los 7 militares por acceso carnal abusivo, manifestó la directora de Seguridad de Fiscalía, Carmen Torres quien aseguró que se han llevado a cabo inspección judicial en el lugar de los hechos, entrevista a la hermana de la menor y a 25 personas más, al tiempo que manifestó que en el proceso se aplicará la ley procedimental.

Por la gravedad de los presuntos hechos la Fiscalía pidió cárcel para los militares, la cual fue concedida por el Juez, quien además determinó que fueran en una guarnición militar con todas las condiciones de un encarcelamiento, y con todas las medidas de seguridad.

Como aberrante ha sido calificado el hecho de llegarse a comprobar, y solo sería efectivo solo hasta cuando fueren vencidos en juicio. Aberrante que 7, 8 o sólo 1 uno de los soldados abusara de una menor fuese indígena o no. Sin embargo vale también la pena decir lo que últimamente ha salido a relucir, y es la total indefensión de la que son objeto los menores de edad de esas comunidades, los cuales los hacen formar pareja a muy temprana edad, incluso con hombres mucho mayores que las niñas adolescentes, razón por la que también se ejerce un enérgico reclamo para que cese la violencia y el abuso carnal por parte de los indígenas, y que se ajusten a la misma ley con que son tratados el resto de los colombianos.