CONGRESO

En plenaria de la Cámara, la congresista por el Atlántico propuso una hoja de ruta para garantizar que el Presupuesto 2027 atienda los grandes retos de inclusión laboral y social en el país.

Resaltó la necesidad de actualizar el censo nacional y ampliar la cobertura en el Atlántico, donde miles de cuidadores y personas con discapacidad buscan acceder a la oferta institucional.

Solicitó al Gobierno Nacional trazar una ruta clara de articulación para que, durante la transición del Ministerio de Igualdad, la política de discapacidad tenga una entidad líder y recursos garantizados.

Barranquill, 3 de noviembre de 2026. Con el propósito de asegurar que la inversión pública llegue de manera efectiva a los sectores más vulnerables, la Representante a la Cámara por el Atlántico, Jezmi Barraza Arraut, realizó una intervención propositiva en la plenaria tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

La congresista expuso el reto estructural que enfrenta el país en materia de inclusión laboral, recordando que de cada 100 personas con discapacidad, solo 19 logran insertarse en el mercado formal de trabajo, frente al 61% del resto de la población. Señaló que agilizar los procesos de certificación es clave para que esta comunidad, compuesta mayoritariamente por mujeres, acceda plenamente a sus derechos.

El reto de la cobertura en el Atlántico
Para ilustrar la magnitud del desafío territorial, la Representante destacó la urgencia de contar con datos unificados. Explicó que mientras algunas estimaciones de salud proyectan cerca de 45.600 ciudadanos con discapacidad en el Atlántico, el DANE ha llegado a calcular más de 135.000.

Asimismo, valoró los esfuerzos locales, pero evidenció que la alta demanda supera la oferta actual. En Barranquilla, donde residen más de 42.600 personas con discapacidad y 22.000 cuidadoras, la apertura de 3.000 cupos de subsidios de transporte demuestra que hay voluntad, pero también subraya la necesidad de que la Nación apoye al territorio para cubrir a las miles de familias restantes.

Un llamado a la acción: cuatro propuestas estratégicas
Pensando en soluciones a largo plazo y reconociendo el anuncio del Gobierno sobre un nuevo CONPES para esta población, Barraza planteó cuatro acciones de control político y articulación:

1. Seguimiento transparente: Creación de un tablero de control trimestral liderado por el DNP para medir el impacto real de los recursos del CONPES en las regiones.
2. Liderazgo institucional: Definir con prontitud qué entidad asumirá el liderazgo de la política de discapacidad durante el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad, garantizando atención ininterrumpida.
3. Trazador presupuestal: Trabajar junto al Ministerio de Hacienda para que el presupuesto de 2028 incluya un marcador específico que permita medir con precisión la inversión en esta área.
4. Censo actualizado: Avanzar en una medición nacional rigurosa para identificar y focalizar mejor el apoyo a las personas con capacidades diversas y a sus cuidadores.

*”El Congreso aprobó los recursos. Nuestro trabajo desde mañana es garantizar de manera conjunta que esa plata se convierta en dignidad, autonomía y empleo”*, concluyó la Representante Jezmi Barraza, reiterando su disposición para hacer equipo por la inclusión territorial.