JUDICIALES, SALUD SPA

Barranquilla, 8 de abril de 2024.- Luego de un encuentro privado la mañana de este lunes, convocado por el Contralor General de la Nación, que contó con la presencia de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, un delegado de la Procuraduría y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, la Fiscalía General de la Nación decidió abrir investigación a raíz de la información preliminar del informe del Contralor sobre dineros que según el informe de Contraloría habrían tomado un rumbo distinto al destinado, en 18 EPS de las 26 que existen en el país.

El informe del el vicecontralor en funciones de contralor General de la República Carlos Zuluaga, del cual había adelantado hace más de un mes, entrega detalles a raíz del control fiscal que viene ejerciendo la entidad, sobre el manejo de los dineros públicos por parte de las EPS.

Es así como este informe de la Contraloría, que estableció que 9.2 billones de pesos de la UPC se habrían destinado a fines ajenos a lo establecido en la ley, lo que indicaría que al parecer las EPS habrían invertido los recursos en temas ajenos a la Salud de los vinculados a esas entidades prestadoras de salud. Según la Contraloría, las EPS utilizaron los dineros destinados a la atención de sus usuarios en compras de inmuebles, aprobación de préstamos multimillonarios, adelantos de pagos, saldar multas e intereses moratorios y gastos administrativos que superan lo aprobado legalmente.

Luz Adriana Camargo, cabeza del ente investigador anunció que abrirá una noticia criminal, y para ello conformará un equipo especial conjunto de fiscales, expertos y peritos de las Delegada para las Finanzas Criminales, Delegada contra la Criminalidad Organizada y Delegada para la Seguridad Territorial, para que adelante esta indagación, por la presunta corrupción de las entidades prestadoras de salud con los dineros pagados por medio de la Unidad de Pago por Capitación UPC, que es el valor que entrega el Estado por cada afiliado.

Dentro de esta investigación, también se analizarán los presupuestos máximos que transfiere la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES para los servicios y tecnología que no se cubren con la UPC.