CONGRESO

Barranquilla, 26 de julio de 2017.- Durante la sesión plenaria el Senador del Centro Democrático, Orlando Castañeda, dejó constancia sobre las preocupantes cifras que indican el incremento del desplazamiento forzado de familias en Colombia, en tiempos donde se negocia un proceso con los grupos al margen de la ley.

En la constancia denuncia el senador Castañeda que “el Observatorio de desplazamiento Interno para América Latina señaló semanas atrás, que es preocupante que, en el último año más de 170 mil colombianos han sido desplazados, cifras que superan en 7 veces las de otros países de la Región con problemáticas de desplazamiento, y que lamentablemente “(…) hoy no es posible hablar del fin definitivo del conflicto armado en Colombia”.

Denunció que el Gobierno no consiguió con el Acuerdo tanto como predicó, pues el desplazamiento forzado en Colombia y el conflicto armado siguen siendo una realidad en el país. Se han descuidado los frentes de seguridad en las ciudades, y actualmente los grupos delincuenciales han tomado control de diversos municipios del país.

La misma Defensoría del pueblo, semanas atrás, informó que la Costa Pacífica ya ha dejado casi mil personas desplazadas y más de 4 mil que se encuentran prácticamente sitiadas, debido a los enfrentamientos armados en zonas como el Baudó y el Medio Atrato, influenciadas por grupos armados ilegales que se disputan la posesión y el control de las tierras para mantener sus ilícitos, y el narcotráfico.

Recordó que hace dos días la ONU advirtió que hay más de 240 personas, 60 familias, desplazadas en Norte de Santander, el año pasado para estas mismas fechas, fueron 300 personas desplazadas en este departamento, por enfrentamientos entre la policía y grupos armados ilegales, de estos la mitad han sido menores de edad.

Por lo que advirtió que las medidas efectivas en justicia siguen retrasándose, los costos de los Acuerdos firmados por el Gobierno han restado recursos a la verdadera justicia, alejándonos de la paz genuina.

Finalmente, exigió acciones contundentes en los territorios con amenaza de desplazamiento, las acciones militares en contra de aquellos que amenazan las familias del país deben continuar. “El Gobierno tiene el deber de garantizar la paz de nuestros conciudadanos; no podemos seguir permitiendo que se continúe arrebatando el hogar a los miles de colombianos hostigados y hoy amenazados”. “Queremos una paz genuina y verdadera que empieza en una protección real del Estado a las familias. ¡No más desplazados!”, reclamó para concluir.