COLUMNISTAS

El presidente Gustavo Petro ha vuelto a recurrir a su estrategia favorita: la amenaza velada al Congreso usando al “pueblo” como arma de presión. Anunció un para hoy 18 de marzo “día cívico nacional” para que sus seguidores salgan a marchar en todo el país, exigiendo la aprobación de sus reformas, muchas de ellas altamente inconvenientes para el país. La jugada es clara: si el Congreso no se doblega, el Ejecutivo movilizará a sus bases en las calles, buscando imponer por presión lo que no puede conseguir por consenso, esa es su manera de gobernar, amenazar con el pueblo a las calles cual agitador de masas ha sido siempre. Veremos el resultado esta misma tarde.

Pero, ¿quiénes marcharán realmente? No serán empresarios, ni comerciantes, ni ciudadanos que sostienen el país con su trabajo y el pago de impuestos. No. Petro ha echado mano de su clientela política: organizaciones indígenas del Cauca (no trabajan, no generan empleo, no crean empresas, es que ni siquiera pagan impuestos, en poco o nada le hacen efecto o les sirve estas reformas, pero son el brazo de apoyo del presidente en su afán de imponer sus caprichos) cuyos desplazamientos hasta Bogotá son financiados con recursos públicos. No se trata de una expresión espontánea de la ciudadanía, sino de un movimiento calculado y orquestado por el gobierno, el más claro ejemplo de abuso de poder y desconocimiento de la separación de poderes en Colombia.

Un presidente que no respeta la división de poderes.

El Congreso es un poder independiente, elegido por los colombianos, y su deber es debatir y decidir sobre las reformas con criterio técnico, no por miedo a las multitudes que Petro agite desde el balcón de la Casa de Nariño o desde su oficina virtual en X. Lo que vemos hoy es un ejecutivo que, incapaz de gobernar con argumentos, opta por la imposición y la coacción. Es una señal clara de autoritarismo y de la construcción de un modelo populista que desprecia las instituciones.

Cada vez es más evidente que Petro está en campaña para el 2026. Nunca dejó de estarlo. Sus discursos, sus ataques al Congreso y a las cortes, y su insistente narrativa de que hay una élite que “sabotea” su gobierno son calcados de lo que Chávez hizo en Venezuela hace 24 años. El libreto ya lo conocemos: deslegitimar el sistema democrático, sembrar división en la sociedad y construir un enemigo interno para justificar medidas cada vez más radicales.

Colombia aún está a tiempo de frenar este rumbo. Pero si normalizamos que el presidente amenace al Congreso con las calles, que financie movilizaciones políticas con recursos del Estado y que hable de gobernabilidad en términos de presión y no de consenso, estaremos allanando el camino a un régimen que desprecia la democracia. El dictador en el clóset quiere salir, y depende de nosotros evitarlo. Lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo solo son cortinas de humo para ocultar la negligencia e ineptitud de su gobierno, la corrupción y los escándalos que desde que se posesiono le han hecho estela tanto en el país como fuera de él. Se viene el fantasma de la descertificación por parte de estados unidos ante el pésimo manejo a la política de erradicación de cultivos, lo que ha permitido el aumento desmedido de las hectáreas sembradas en todo el país, u ante la falta de un programa de erradicación peor.

Hoy a las siete de la noche podremos evaluar el resultado del llamado de Petro al pueblo que lo sigue, esta vez será una medición de fuerzas y de esto dependerán muchas cosas, que va a pasar con el resto de colombianos que no apoyamos las reformas, amanecerá y veremos.