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“Para precisiones el tiempo”; “el mejor juez es el tiempo”; “El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene”; “Existe un juez llamado tiempo; sin necesidad de hacer preguntas, te da las mejores respuestas”; “El tiempo pone a cada uno en su sitio, da coronas a quien las merece y quita máscaras a quien las lleva”. Todas estas máximas han rondado en mi cabeza, desde hace cinco días por las noticias que informaron que el parlamentario Pedro José Suárez Vacca del Pacto Hampónico, era sentenciado por actos cuando fungía como Juez Quinto de Ejecución de Penas en Tunja. Había incurrido en prevaricato por acción agravado en modalidad de continuado, favoreciendo a un delincuente, según la sentencia proferida en su contra por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es una sólida decisión.

Ayer, recordé el caso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación, en contra del doctor Fernando Londoño Hoyos, en razón a sus señalamientos en contra del mismo Suárez Vacca, escuchando de su propia voz en el programa digital La Hora de la Verdad, que la sanción disciplinaria que le impusieron por la opinión expresada en un recinto universitario en el 2002, cuando era Ministro del Interior y Justicia con ocasión de la decisión en la que como juez el antes mencionado resolvió dejar libres a los reconocidos narcotraficantes Rodríguez Orejuela, después extraditados. La queja disciplinaria la resolvió el entonces Procurador Edgardo Maya Villazón. La decisión fue objeto de control de legalidad por el Consejo de Estado diez años después. ¿Será que teniendo en cuenta la nueva noticia, será posible que a través del recurso extraordinario de revisión conforme a los artículos 248 a 251 de la Ley 1437/11, eliminen la sanción?

Surge la pregunta: ¿qué intimas intenciones acompañaron a Maya Villazón para un fallo disciplinario en contra de entonces ministro Londoño Hoyos? Acá hay que hilar con mucho cuidado, porque detrás de algunos fallos disciplinarios han existido intrigas de carácter político y puedo dar fe de ello, porque fui víctima real de las artimañas politiqueras de un abogado que, de la Secretaría de la Cámara de Representantes, saltó a ser Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del entonces Consejo Superior de la Judicatura. Su nombre: Rubén Darío Henao. Paso a relatar el viacrucis que por no acceder a las exigencias de este personaje tuve que soportar. Me saco al fin públicamente la espina.

Como presidente del Tribunal Administrativo de Antioquia, en una de las visitas a Bogotá a finales de 2007 con ocasión a las convocatorias que efectuaba La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para capacitar a los Magistrados de Tribunales Superiores y de Tribunales Administrativos para ser formadores de los cursos concursos de la Rama Judicial, fui requerida en uno de los hoteles donde nos reunían por el personaje antes mencionado para desayunar en compañía de otra persona. Fue algo sorpresivo. Allí sin ningún tipo de recato me exigió que postulara el nombre del otro personaje para que fuera elegido Contralor de Antioquia o de Medellín, porque ya tenían las mayorías en la Asamblea o el Concejo respectivamente. Le expresé que la decisión era de todos los magistrados.

Entró en ira, me advirtió que yo tenía una queja disciplinaria presentada por el entonces director de Coldeportes Andrés García Arizabaleta y que podía tener consecuencias. Obviamente se trató de una extorsión. Su ira fue mayor el día en que se realizaron las postulaciones, en la primera semana de diciembre de 2007. En enero de 2008, tras culminar las vacaciones colectivas, se hizo presente en el Tribunal, uno de los hijos de Henao, con otro joven y una hoja de vida, a fin de que “hablara con una juez administrativa de origen santandereano, para que sacara de la secretaria de su juzgado a quien se encontraba allí y procediera a nombrar a ese joven”. Me negué con el argumento de que yo no incidía para nada en las decisiones de ninguno de los jueces. Para mayo de 2008, me enteré por los periódicos de Medellín, El Mundo y El Colombiano, que había sido sancionada disciplinariamente.

No tenía derecho entonces a la segunda instancia. Fui suspendida durante un mes, por una pretendida mora en la tutela impetrada contra el director de Coldeportes, quien se sacaba el clavo por haber amparado los derechos de unos deportistas a los que les habían negado el acceso a los XVII Juegos Nacionales en 2004, con una pretendida constitución ideada por él y facilitar que Bogotá ganara las gestas deportivas. La Procuradora que intervino en el proceso disciplinario, advirtió que no se habían evacuado ninguno de los medios probatorios solicitados por la suscrita. En resumen, se me violaron los derechos al debido proceso y derecho de defensa conforme al artículo 29 de la Constitución Política. El señor de marras, se las arregló para no asistir a la Sala en que se me impuso la sanción, pero mis funcionarios del Tribunal, algunos compañeros y mi familia conocían todos los detalles alrededor del caso, específicamente del constreñimiento de que fui víctima.

Después de un proceso en solitario, a través de la Sentencia T-747/09 de la Corte Constitucional se ampararon mis derechos, gracias a la entrevista para exponer el caso al doctor Nilson Pinilla presidente de esa Corporación y se ordenó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria rehacer el fallo, pues habían incurrido los magistrados en lo denominado “vía de hecho”. Mi nombre fue enlodado, gracias al uso y abuso del proceso disciplinario como arma de destrucción política y moral. Deseo de todo corazón que el doctor Fernando Londoño Hoyos, pueda reivindicar su nombre también en el caso de Suárez Vacca.