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El tema de las fotomultas vuelve al centro del debate nacional, pero esta vez con un ingrediente adicional: la duda legítima sobre las verdaderas motivaciones detrás del escándalo. La senadora sucreña Ana María Castañeda ha solicitado que la discusión salga de la Comisión Sexta y llegue a la plenaria del Senado, luego de la inasistencia de la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Un hecho que, más allá del desplante institucional, sirvió de combustible para escalar un debate que ya venía encendido en las carreteras de Sucre.

La congresista ha sido enfática: en corredores claves como los que conectan a Sincelejo con Corozal, Sampués y el Golfo de Morrosquillo, las fotomultas parecen responder más a un modelo de recaudo que a una política seria de seguridad vial. Y no es una percepción aislada. Conductores, transportadores y comerciantes vienen denunciando desde hace meses lo que ya muchos llaman sin rodeos: “robomultas”.

Pero aquí es donde el debate se pone interesante (y necesario). ¿Estamos frente a una verdadera defensa del ciudadano o ante una jugada política bien calculada?

Porque si algo llama la atención es el momento. El tema no es nuevo, las quejas tampoco. Sin embargo, es ahora cuando se decide llevar el asunto a la máxima instancia legislativa. ¿Por qué ahora? ¿Quién gana con este golpe de opinión? ¿Se trata de visibilizar una problemática estructural o de capitalizar el descontento en un departamento históricamente golpeado por decisiones tomadas desde escritorios lejanos?

La senadora habla de “beneficiarios” sin señalar responsables. Una omisión que no es menor. En política, lo que no se dice también comunica. ¿Se trata de prudencia jurídica o de evitar tocar intereses específicos? Porque si hay irregularidades, como se sugiere, el país merece nombres, contratos, cifras y responsables claros. Lo contrario corre el riesgo de quedarse en discurso.

Mientras tanto, en puntos como Breme, en la vía hacia Corozal, y Matecaña, rumbo a Sampués, los conductores siguen sintiendo el peso de sanciones que, según denuncian, aparecen más como trampas que como herramientas pedagógicas. El impacto no es menor: afecta bolsillos, desestimula el turismo y golpea la ya frágil economía regional.

Llevar el debate a plenaria podría ser un paso importante. Allí no solo se amplifica la discusión, también se obliga al Gobierno nacional a responder con mayor contundencia. Pero la pregunta de fondo persiste: ¿habrá consecuencias reales o será otro episodio de indignación pasajera?

Porque Colombia ya ha visto este libreto antes. Escándalos que suben, discursos que arden y soluciones que nunca llegan.

Si esta vez es diferente, la senadora tendrá que demostrarlo con algo más que declaraciones. Con pruebas, con responsables y, sobre todo, con resultados.

De lo contrario, las “robomultas” seguirán siendo no solo un símbolo de abuso, sino también otro capítulo en la larga lista de debates que sirven más para hacer ruido que para cambiar realidades.