El alto tribunal precisó que el M-19, como organización y por responsabilidad de mando de sus integrantes, contribuyó causalmente en la muerte del magistrado, al ser los autores materiales del ataque armado. Por esa razón, el Consejo de Estado pidió al Ministerio no cargar únicamente al Estado con el pago de la indemnización, sino que se busque que los responsables del ataque también asuman parte de los daños causados.
En su fallo, la corporación concluyó que el fallecimiento de Echeverry se produjo por causas concurrentes: por un lado, la acción violenta y terrorista del M-19, y por otro, la omisión del Estado en sus deberes de protección y el uso desproporcionado de la fuerza pública durante la retoma del edificio del Palacio de Justicia.
El Consejo de Estado también hizo un llamado a no reinterpretar los hechos de la toma como una “hazaña política” o un “acto de rebeldía heroica”, enfatizando que se trató de una acción violenta que derivó en graves violaciones a los derechos humanos y la pérdida de decenas de vidas, entre ellas la del magistrado auxiliar.
