GOBIERNO, JUSTICIA

Valledupar, 16 de septiembre de 2026.-

Imponiendo condiciones muy difíciles de cumplir, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó la suspensión de los bombardeos que había prohibido luego de una acción de tutela en primera instancia que fue presentada contra los bombardeos que venía desarrollando a Fuerza Pública contra los grupos terroristas en áreas rurales del país. Sin embargo, el juez condiciona el levantamiento de la suspensión imponiendo condiciones en caso de que haya presencia de menores de edad, siempre que esto pueda ser verificable.

En este orden de ideas el juez de tutela ordenó establecer un “estándar reforzado de precaución” en caso de que exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable de la presencia de niños, niñas o adolescentes”, los cuales son reclutados de forma ilegal para ser utilizados por los grupos terroristas como escudos humanos para impedir que la fuerza pública cumpla con su función.

Dice este togado que se debe intensificar la verificación y contrastación de la información disponible sobre la posible presencia de menores de edad.

Asimismo, pidió incorporar expresamente dicha circunstancia dentro de la evaluación jurídica y operacional del ataque; valorar el riesgo previsible para su vida e integridad; examinar la existencia de medios, métodos, momentos o alternativas operacionales menos lesivas que permitan alcanzar una ventaja militar comparable y aplicar rigurosamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad antes de autorizar y ejecutar la operación.

No obstante, el juez se contradice pidiendo que, si hay menores de edad, se debe aplicar el Derecho Internacional Humanitario, recurriendo con ello a interpretaciones para las que es evidente no tiene conocimiento.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el Gobierno iba a ejercer todos los mecanismos jurídicos contra este fallo judicial, al considerar que se podrían estar sustituyendo las competencias del presidente de la República.