JUSTICIA

Valledupar, 12 de mayo de 2026.- El Consejo de Estado se pronunció este mismo martes ante la arremetida de Gustavo Petro Urrego contra este órgano de Justicia, en la red social de X, de amplia difusión, por la decisión tomado sobre las pensiones de las que sentenció que no al traslado de los 25 billones de pesos a Colpensiones calificando como un golpe de estado, arremetida provocó una fuerte respuesta institucional oportuna, clara y contundente por parte de esta alta Corte.

Califican el tono utilizado por Petro Urrego como “incendiario” lo que no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de la Constitución, vigente y fortalecida, “recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, la carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”, lo anterior no va solamente dirigido Petro sino también manda el mensaje contra quienes promocionan la Constituyente.

Agrega el Consejo de Estado que “Inquietan las manifestaciones del Presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo. La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales”, con lo que “deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar”.

Adicionalmente advierte que la libertad de expresión, cuyo ejercicio garantiza el ordenamiento y protege los jueces de República, no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto, y que no solo ponen en peligro la integridad institucional, sino que amenazan la integridad física de las personas que, al tomar decisiones con fundamento en el ordenamiento jurídico, se les pretende judicializar y se les califica como trasgresoras de ese mismo ordenamiento que defienden”.

“Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar”. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos. El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías. La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca”.