COLUMNISTAS

Las redes sociales, especialmente desde las “bodegas de opinólogos” del primer equistero de la nación, siempre sirven a los intereses no precisamente transparentes, ni en favor de la unidad de Colombia, ni de la paz que tanto se anhela, (hechos comprueban que él  no se amantó con leche como todos los mortales, sino con odio visceral que ni siquiera disimula), que puntualmente no dispersan el demagógico  amor por el espacio sideral, pero que son su vitrina para mostrar al mundo lo que ni remotamente es su ideólogo junto con sus secuaces, aclaro ser paladín de los derechos humanos y de paso tratar de quitarle el protagonismo artificial a la adolescente Greta Thunberg en torno al tema del calentamiento global,  con un discurso que no se aviene a las realidades científicas y menos a sus comportamientos capitalistas agotando con sus viajadera nacional e internacional mucho combustible de origen fósil, para exponer ideas que causan hilaridad entre aquellos que si conocen y no de quienes posan de “conocedores” y tan solo logran la talla de culebreros. Todo lo anterior para concretar una aspiración, ser Nobel de la Paz. Entra sosiego al volver a la historia y encontrar que otros seres siniestros fueron postulados en su tiempo como Stalin, Hitler y el corrupto Joseph Blater de la FIFA, a ese cuestionado premio, sin dejar de pasar algunos que lo recibieron como Obama y el expresidente Santos, que según algunos afirman “lo compró”.

Pero ¿por qué este preámbulo?, porque el odio y el irrespeto por la presunción de inocencia que es un derecho fundamental,  que es un derecho humano consagrado en múltiples instrumentos internacionales, asfixia con mensajes originados en las bodegas referidas que, si cobraran la vida, ya estaría muerta la señora que asumió en interinidad desde el 13 de febrero de este 2024, la Fiscalía General de la Nación; de todas formas RIP ( del latín Requiescat in pace, traducido al idioma de Castilla “descanse en paz”) al cadáver moral de esta señora, porque perder el honor y la honra como afirma Shakespeare en Otelo, es perder algo de un valor tan importante como la misma vida física, porque es la vida moral. El gran problema es la tentación irrefrenable e inconsciente de replicar estos mensajes, sin tener las pruebas, sin contar con el conocimiento de hechos y sobre todo sin que medie decisión judicial. Porque incluso abogados aún no entienden, que las especies, especulaciones, afirmaciones sin sustento judicial, no son de recibo ni deben serlo en una democracia. Ahora se entiende porque están haciendo añicos lo poco que nos queda en este país de la democracia que se pregona en la Constitución Política.

La abogada Mancera, que solo conozco a través de las noticias, que informan sobre su hoja de vida profesional y experiencia laboral, adicionalmente por los mensajes virulentos de las redes originados en las bodegas mencionadas, la convierten en criminal peligrosísima, más que los que se encuentran sentados en el Congreso de la República por el gracioso regalo de las conversaciones de paz en la Habana. Estos hechos lamentables en torno a la hoy Fiscal en funciones interinas, permite recordar a tantos magistrados, jueces y fiscales, que, por el cumplimiento denodado de sus deberes, por la imparcialidad, les han “regalado”  denuncias por prevaricato, quejas por comportamientos disciplinables con el fin de amedrentarlos, así como ataques anónimos e inmisericordes desde cuando las redes sociales cobraron fuerza inusitada, con el propósito definido de sicariarlos moralmente, para presionarlos en sus decisiones o  para atravesarse cuando tienen aspiraciones profesionales o en especial porque representan peligro para determinados sectores o personas. En no pocas ocasiones, cuando no se han arrodillado sumisamente al poder corrupto, no los han asesinado físicamente, han prosperado acciones disciplinarias, por ejemplo, que, al llegar por vía de acción para la revisión de tutela a la Corte Constitucional, la corporación  logra desentrañar el malévolo actuar de algunos personajes o magistrados que han desconocido precisamente la presunción de inocencia dolosamente,  a la que tiene derecho irrenunciable y no condicionado todo colombiano, incluyendo los servidores públicos, donde el tema politiquero y la influencia cada vez mayor de periodistas si permean las decisiones judiciales, lo cual conduce a la conclusión que el periodismo sin duda alguna es el cuarto poder dentro de los Estados democráticos.

La Corte Constitucional con frecuencia entra a comprobar excepcionalmente, que las normas propias del debido proceso son desconocidas abiertamente para abrir el camino y sancionar a quien no debían jamás ser objeto de alguna sanción.  Pero el honor y la honra queda destruida, el legado más valioso para la posteridad.  Se trata de un tema que se está convirtiendo en costumbre social, señalar, inculpar y si hubiera pena de muerte, llevar al patíbulo a los inocentes. Prueba de una sociedad en decadencia, con los valores éticos y morales en el cuarto del olvido, anuncio de la decadencia de la democracia, ratificación del desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia que, dentro de sus obligaciones como derecho fundamental, reclama el debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales, pero además de unos derechos innegociables, el de la presunción de inocencia y el derecho de defensa, insisto, temas consagrados entre otros instrumentos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Antes, cuando el poder no estaba en manos de los ideólogos de hoy, se sentían “vistimas” de todo señalamiento y se desgarraban las vestiduras en señal de infinito dolor, reclamando la aplicación del principio de presunción de inocencia. Hoy no y he aquí el ejemplo vivo del sesgo ideológico y la narrativa perversa en la interpretación y aplicación de las normas constitucionales y de los derechos humanos.  Hoy han cambiado de posición y talante, hoy son los victimarios sin medida ni recato y no falta el incauto que caiga en los discursos prefabricados, además de distractores.

Preocupa la intromisión si, de la Corte Interamericana en el tema de la elección del Fiscal General de la Nación, porque su activismo judicial está definido en la Convención antes referida y en su propio reglamento. Solo les compete pronunciarse en sentencias producto de los procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como consecuencia de las opiniones consultivas en virtud de las consultas presentadas formalmente por los Estados. Afortunadamente al presionar para la elección del Fiscal, “no tiene dientes, para obligar a la Corte Suprema”, pero deja de todas formar un mal sabor para quienes conocen de las reglas del sistema mencionado.