COLUMNISTAS

Como si ya no fuera suficiente con el asedio constante de los grupos narcoterroristas, la corrupción enquistada en las instituciones, la creciente inseguridad en las ciudades y el campo, el desempleo que golpea a miles de familias y una crisis estructural en el sistema de salud, ahora los colombianos deben enfrentar una nueva carga: el llamado catastro multipropósito. Una política que, lejos de representar progreso o equidad, se percibe cada vez más como un auténtico “atraco multipropósito”.

La idea, en el papel, parece loable: actualizar la información catastral del país para mejorar la planificación territorial, aumentar el recaudo y formalizar la propiedad rural. Sin embargo, en la práctica, lo que se está viviendo en múltiples regiones de Colombia es una auténtica “catástrofe multipropósito”, como ya la han bautizado muchos ciudadanos, especialmente campesinos y pequeños productores.

El problema central radica en los avalúos catastrales desproporcionados que se están imponiendo. De la noche a la mañana, predios rurales que históricamente han tenido un valor moderado, acorde con su productividad real, aparecen revalorizados en cifras exorbitantes, sin que exista una mejora tangible en infraestructura, vías, seguridad o acceso a servicios. Es decir, el papel dice que el campesino ahora es “más rico”, pero la realidad es que sigue produciendo en condiciones precarias, con costos en aumento y mercados inestables.

Esta desconexión entre el escritorio y la realidad rural no solo es injusta, sino peligrosa. El incremento en los avalúos se traduce directamente en un aumento del impuesto predial, asfixiando a quienes viven del campo. Muchos campesinos, que apenas logran sostener sus fincas, ahora enfrentan cobros impagables. ¿El resultado? Riesgo de embargo, venta forzada de tierras y, en el peor de los casos, el abandono del campo.

Paradójicamente, en un país que clama por fortalecer la soberanía alimentaria, se castiga a quienes producen los alimentos. Es un contrasentido que raya en lo absurdo. Mientras el discurso oficial habla de justicia social y apoyo al campesinado, las medidas adoptadas parecen empujar exactamente en la dirección contraria. El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) llegó a referirse a esta estrategia como una especie de “DIAN de las tierras”, una expresión que, lejos de generar confianza, encendió las alarmas. Para muchos colombianos, esa frase confirma lo que ya temían: que el catastro multipropósito no es otra cosa que una herramienta de presión fiscal disfrazada de política técnica.

Diversos reportes de medios nacionales han evidenciado el creciente malestar en regiones como la Costa Caribe, el Eje Cafetero y zonas del interior del país, donde los incrementos en los avalúos han superado incluso el 100% o más en algunos casos. Organizaciones campesinas, gremios y autoridades locales han levantado su voz de protesta, advirtiendo que esta política podría generar una crisis social de gran magnitud si no se corrige a tiempo.

Además, hay serias dudas sobre la metodología utilizada para estos avalúos. ¿Se está teniendo en cuenta realmente la productividad del suelo, el acceso a vías, la seguridad de la zona, o simplemente se están aplicando criterios generales que no reflejan la realidad de cada territorio? La falta de claridad y transparencia en estos procesos solo agrava la desconfianza ciudadana. El campo colombiano no necesita más cargas, necesita soluciones. Necesita inversión en vías terciarias, acceso a crédito, seguridad efectiva, asistencia técnica y mercados justos. Necesita un Estado presente, pero no para cobrar más, sino para garantizar condiciones dignas de producción.

Este “atraco multipropósito” no solo afecta el bolsillo de los campesinos, afecta la estabilidad del país entero. Si el campo se debilita, Colombia entera lo sentirá. La historia ha demostrado que cuando se golpea al sector rural, las consecuencias trascienden lo económico y se convierten en problemas sociales y de seguridad.

NO HAY DERECHO. No se puede seguir gobernando desde la desconexión, ignorando la realidad de millones de colombianos que día a día sostienen este país con su trabajo silencioso. El catastro multipropósito, tal como se está implementando, no es una solución: es un problema que exige corrección urgente.

El gobierno aún está a tiempo de rectificar. De lo contrario, este capítulo pasará a la historia no como una reforma estructural exitosa, sino como otro episodio de abuso contra quienes menos pueden defenderse: los campesinos de Colombia