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Ecopetrol está atravesando serios problemas. Las decisiones gubernamentales de que no habrá más contratos de exploración de hidrocarburos y de suspender el fracking castigan el corazón mismo de su negocio. El año pasado disminuyeron un 42% sus utilidades. Y hay muchas dudas sobre su gobierno corporativo.

Una compañía petrolera que no busca aumentar sus reservas pierde su valor. El mercado se pregunta, con razón, sobre la sostenibilidad de la empresa. El golpe ha sido brutal. En la Bolsa de Valores de Colombia, el 31 de mayo del 2022, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la acción de la petrolera valía $3.120. El viernes pasado cerró en $2.065. Una desvalorización del 34%. En Wall Street, el 31 de mayo del 2002, el ADR de Ecopetrol cotizaba a US$19,6 y el viernes a US$10,52, un desplome del 46,3%. Durante este gobierno, la compañía ha perdido casi la mitad de su valor. El Estado, dueño del 88,5% de la compañía, los fondos de pensiones con un 5% y otros privados con el 6,5%, hemos visto esfumarse billones de dólares. Y si la caída no ha sido mayor es por la esperanza de algunos inversores de que en el 2026, con el próximo gobierno, volverá a la sensatez. En cualquier caso, con la pérdida de valor de Ecopetrol los colombianos somos muchos más pobres hoy que cuando empezó Petro.

En 2023, los ingresos de la empresa cayeron 10,28% y las ganancias 42,8%. Las utilidades de 19,1 billones son 14,3 billones menores que las de 22 y los dividendos disminuirán un 47%. Es verdad que parte de la caída se debe al menor precio promedio del Brent, el crudo de referencia para Colombia, de US$99 en 2022 a US$82 en 2023. Pero no es menos cierto que la tributaria, en especial la sobretasa del impuesto de renta, tuvo también un fuerte impacto.

Más grave aún por lo que significa hacia futuro, Ecopetrol informó que sus reservas probadas cayeron un 6,5%, a 1,881 millones de barriles. La compañía apenas reemplazó el año pasado el 48% de los 247 millones de barriles que produjo. En el 2022, el índice de reemplazo de reservas era del 104% y su vida media equivalía a 8,4 años. En 2023, la vida media cayó a 7,6 años. Y seguirá cayendo si no se hace más exploración. Por supuesto, en ocho años o menos no hay ninguna posibilidad de que se haya hecho la transición energética.

Para rematar, la gobernanza de la compañía está en crisis. Roa, su presidente, está siendo investigado por la financiación ilegal y la violación de topes de la campaña de Petro, de la que fue gerente. Y tiene en su espalda las dudas por la compra a un famoso contratista de Ecopetrol de un lujosísimo apartamento muy por debajo del precio comercial. En la junta de la compañía hay una creciente tensión por el afán de Petro y de Roa de incluir en ella a personas sin los conocimientos necesarios, entre ellos una sicóloga, una activista contra el fracking y al expresidente de la USO, postulación sobre la que es necesario preguntarse si es pago de Petro por los 600 millones que ese sindicato aportó a su campaña.

En medio de semejante escenario Roa ha anunciado que comprarán gas venezolano a partir del próximo año porque, dice, habrá un desabastecimiento de cerca del 17% a partir del 2025. Hay que resaltar que, primero, si tal desabastecimiento se produce será responsabilidad del mismo gobierno y su prohibición de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, y, segundo, como resaltó Ricardo Sierra, presidente de Celsia, esa prohibición también ha traído como consecuencia que no baje el precio de la energía porque “si se tuviera gas natural abundante y se construyen térmicas que dependen del gas que se produzca en el país, se tendría una mayor estabilidad en las tarifas”. Remató subrayando que “la diferencia de precios entre el gas nacional y el importado es fenomenal. Nos sale carísimo importar gas por cualquier frontera”.

El asunto es más grave: habría riesgo de racionamientos porque es muy dudoso que Venezuela pueda suplir las necesidades colombianas. Hay un gasoducto transnacional, el Antonio Ricaurte, que va de Punta Ballenas en la Guajira hasta la costa oriental del lago de Maracaibo. Empezó a funcionar en 2007, año a partir del cual Colombia exportó gas al hermano país. Así lo hicimos hasta 2015, cuando Venezuela tenía que enviar gas de allá para acá. Nunca ocurrió. Incumplió su compromiso. El gasoducto entró en desuso, hoy está inoperativo y necesita una millonaria inversión. Además, Venezuela tiene gravísimos problemas con su red interna y muchas áreas de ese país no tienen gas, de manera que no es factible que puedan exportarnos cuando no son capaces de suplir sus propios requerimientos. Adicionalmente, Ecopetrol no podrá hacer ningún acuerdo con PDVSA si ello supone el riesgo de sanciones por parte de los EE.UU.

Finalmente, no tiene ningún sentido depender de los caprichos del régimen chavista. Los riesgos para la seguridad nacional serían altísimos. Colombia no puede renunciar a su soberanía energética ni mucho menos dejarla en manos de Maduro. El acuerdo anunciado por Roa para importar gas venezolano es muy mal negocio para el país. Pero puede ser uno muy bueno para algunos contratistas e intermediarios. En un gobierno lleno de pillos y negociados, habría que averiguar quiénes están detrás.