COLUMNISTAS

El deterioro de la seguridad ciudadana es un hecho innegable.

El pasado fue el segundo año con más homicidios desde el 2016, el del acuerdo con las Farc. En relación con líderes sociales, entre agosto y diciembre del 22 asesinaron 72, un 6% más que en el mismo período del 21. Entre enero y marzo de este año van 33 homicidios de líderes más. Este 2023, hasta el 15 de abril, se han presentado 32 masacres. Los asesinatos de policías y soldados ocurren todos los días y, peor, Petro les exigen no defenderse.

Los secuestros aumentaron un 27% en el 2022 y saltaron de 160 a 203 casos, apenas 4 menos que en el 2016. En los primeros tres meses de este 2023 se han presentado atentados contra oleoductos equivalentes al 44% de todos los del año pasado.

El Gobierno renuncia a la erradicación de cultivos ilícitos y dice centrar sus esfuerzos en las incautaciones. Le va mal. Los resultados se desploman: en enero y febrero de este año las confiscaciones de cocaína cayeron un 39% en comparación con el 22. Peor, el Comandante de la Armada confiesa en RCN Radio que de las cifras que presenta el Gobierno apenas el 30% de las incautaciones son propias y las demás son de fuerzas armadas de otros países.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, máxima autoridad mundial en la materia, sostiene que en nuestro país hay siete conflictos armados internos que se desarrollan en paralelo. Eran seis el año pasado y cinco en el 2018. Vamos como el cangrejo…

En marzo, el Eln realizó el mayor número de acciones ofensivas en el último año, el triple de su promedio mensual, según el CERAC. El número de combates del ELN también aumentó ese mes y casi duplica el promedio del último año. En un ataque asesinaron diez soldados y nueve resultaron heridos. Este fin de semana secuestraron a los conductores de cuatro tractomulas, junto con sus vehículos.

Mientras la “guardia campesina”, que tanto alabó Prada y que asesinó un policía y secuestro 86 personas en Los Pozos, presta seguridad a Iván Mordisco, las disidencias de las Farc anuncian la refundación del frente 53, que bajo el mando del infame Romaña delinquió en Cundinamarca y el Meta. El gobernador de ese departamento denuncia que extorsionan a comerciantes y ganaderos.

Se puede seguir con cifras de los múltiples hechos de violencia y criminalidad. La sensación de inseguridad y desprotección de los ciudadanos es creciente. Las razones para el aumento de la violencia y la criminalidad son varias y Petro, por el bien de los ciudadanos y de su propio gobierno, haría bien en entenderlas y corregir.

Como ha sido siempre, también ahora los grupos violentos se nutren del narcotráfico. Sus recursos, y en menor medida los de la minería ilegal de oro, son la gasolina del conflicto y hoy todos los violentos, sin excepción, son mafiosos. Es indispensable reactivar la acción del Estado contra el narco, incluyendo la erradicación forzada. El control de los narcocultivos, además, es la excusa para que los violentos presionen, controlen y agredan a las comunidades. En esa lucha contra el narco es necesario pero no suficiente el control militar de área: se requiere también el control institucional integral del territorio, cada vez más débil.

La paz total es una falacia. Pero si se decide continuar con las conversaciones simultáneas con todos los grupos violentos es urgente al menos aprender las lecciones de las negociaciones pasadas. Clave es entender que los ceses del fuego exigen concentración de tropas de los violentos y verificación efectiva. Lo que hay hoy es el peor escenario, con ceses unilaterales donde se paraliza la acción de la Fuerza Pública y no se exige a los violentos ni dejar de enfrentarse entre sí ni parar sus crímenes contra los civiles.

Sin presión militar constante contra los violentos no habrá jamás negociaciones serias, por muchas prebendas jurídicas y políticas que se les ofrezcan. Si los beneficios de continuar con la violencia son mayores que los costos, ahí seguirán.

Por tanto, es indispensable contar con unas Fuerzas Militares y una Policía vigorosas, bien dotadas, y con alta moral de combate. Para ello es necesario que tengan el respaldo político del Gobierno, certeza de que habrá apoyo operacional cuando lo requieran, y seguridad jurídica para el uso legítimo de la fuerza. Unas Fuerzas Armadas paralizadas, como están hoy, no solo dan ventaja incalculable a los violentos sino significan que la ciudadanía queda desprotegida. El poder aéreo y la inteligencia son dos ventajas estratégicas que deben recuperarse.

La criminalidad organizada y la delincuencia común proliferan en medio de un conflicto que ocupa el grueso de la energía y los recursos. A ocho meses del gobierno no hay todavía una política gubernamental de seguridad. Es urgente. Dicen que se presentará esta semana. Tendría de entrada la debilidad de no haber sido consultada con expertos y academia.

Finalmente, la seguridad no resulta de radicalismos ideológicos ni puede venir de odios y venganzas. Si a la evidente desaceleración económica que estamos viviendo se suma una agudización de la inseguridad, estaremos en el peor de los mundos. Y el costo político para el gobierno será impagable.