COLUMNISTAS

¿Para qué sirve la asistencia técnica si no logra transformar una finca en una explotación más productiva y rentable? La pregunta merece respuesta ahora que el Gobierno formula su Plan Nacional de Desarrollo (PND)2026-2030. Es la oportunidad de cambiar la manera como utilizamos los instrumentos de política agropecuaria. Seguir haciendo lo mismo solo prolongará los mediocres resultados del desarrollo rural.

Colombia cuenta con más de 584.000 pequeños ganaderos, con inventarios promedio cercanos a 21 animales. Tienen tierra, experiencia y vocación, pero muchos carecen del capital y del acompañamiento necesarios para aprovechar mejor sus recursos. Antes de pensar en distribuir más hectáreas, deberíamos preguntarnos cuánto pueden producir los que ya las poseen.

Lo mismo sucede en la agricultura. Millones de familias de pequeños productores rurales trabajan parcelas de reducida escala, con bajos niveles de tecnificación, dificultades para acceder al crédito y una débil conexión con los mercados. No basta con entregar insumos o financiar una cosecha: también necesitan asistencia técnica para decidir qué producir, cómo hacerlo con mayor eficiencia, cómo reducir riesgos y cómo vender en mejores condiciones.

El Informe Nacional de Competitividad 2025-2026 recuerda que apenas el 16,5 % de las unidades productivas recibía asistencia técnica. Es un dato histórico que ilustra una brecha estructural: sin conocimiento, tecnología y financiación, la tierra difícilmente se convierte en progreso y bienestar, tanto en la ganadería como en la agricultura.

Existe, además, una dimensión financiera que no podemos ignorar. Según los estados financieros auditados del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, en 2025 se pagaron 646.165 millones de pesos por siniestros. Sería equivocado atribuir todos esos pagos a créditos mal estructurados: intervienen el clima, los mercados y otros riesgos. Pero sería igualmente equivocado no preguntarse cuánto podría prevenirse mediante asistencia técnica y seguimiento efectivo.

El impacto también es fiscal. Una garantía pública no sustituye la viabilidad económica del negocio ni puede convertirse en excusa para prestar sin acompañar al productor. Si el Estado financia conocimiento junto con capital y vigila su utilización, gana el productor, gana el intermediario financiero y se protege mejor el patrimonio colectivo de los colombianos.

Nuestra propuesta es concreta. Cada intervención de asistencia técnica debería identificar las oportunidades de mejoramiento de la finca y, cuando exista viabilidad, traducirse en un proyecto productivo con crédito apropiado. El desembolso no puede ser el punto final: debe comenzar entonces el control de las inversiones y el acompañamiento técnico para que el proyecto produzca y el productor pueda pagar y mejorar sus condiciones de vida.

El Plan Nacional de Desarrollo debe tener una línea de base y metas verificables. En la ganadería pueden medirse la natalidad, la mortalidad, la producción de leche, la ganancia de peso, la carga animal, los costos, los ingresos y la capacidad de pago. En la agricultura deben evaluarse, entre otros aspectos, los rendimientos por hectárea, los costos de producción, la calidad, las pérdidas poscosecha, la comercialización, los ingresos y la capacidad de pago. No basta registrar visitas, talleres o créditos colocados. Importa saber cuánto mejoró realmente la vida del pequeño productor rural.

FEDEGÁN no improvisa esta iniciativa. ASISTEGÁN ha desarrollado experiencia de acompañamiento y trabajamos con el Banco Agrario en la articulación de asistencia técnica, proyectos y financiación. Desde 2020 hemos insistido ante Finagro en incorporar ese acompañamiento a los créditos para pequeños productores. En septiembre presenté la propuesta al ministro de Agricultura y en octubre la reiteré al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural.

La ADR tiene hoy la oportunidad de pasar de administrar programas de extensión a convertirse en articuladora de proyectos productivos capaces de generar desarrollo rural. Junto con el Ministerio, Finagro, el Banco Agrario y los gremios, puede impulsar pilotos regionales para la ganadería y la agricultura, y llevar sus resultados a una política nacional, con responsabilidades, financiación e indicadores pertinentes.

Precisamente porque el PND 2026-30 está en construcción, estas ideas deberían quedar incluidas. No se necesita inventar otra burocracia, sino coordinar instrumentos existentes y evaluar su eficacia por resultados. Una política de esa naturaleza permitiría producir más con la misma tierra, mejorar los ingresos familiares y reducir riesgos para los fondos públicos y los bancos.

El desafío de fondo para el país es construir una clase media rural. Cuando el 82 % de los productores son pequeños y viven en pueblos y zonas rurales, la política agropecuaria no puede limitarse a atender carencias: debe crear las condiciones para que esas familias acumulen activos, aumenten sus ingresos y participen en una economía local más dinámica.

Eso exige pensar en el pequeño productor como empresario rural. Necesita crédito, pero también un proyecto productivo; asistencia técnica, pero orientada a resultados; mercados, infraestructura, conectividad y reglas que le permitan planear. Una finca ganadera o agrícola que produce más genera empleo, demanda bienes y servicios, fortalece el comercio de los municipios y ofrece a los jóvenes una alternativa distinta a abandonar el campo.

La transformación rural no consiste en administrar la pobreza, sino en crear las condiciones para generar riqueza, prosperidad y desarrollo.

@jflafaurie