JUDICIALES

Barranquilla, 10 de septiembre de 2026. Finalizó el trato especial o VIP para presos y detenidos que hasta ahora habian sido llevados a las instalaciones militares, por su condición de ex altos funcionarios, clase social, situaciones de salud que mucjas veces alegaban entre otros asuntos para acceder al carcelazo “digno” de su status.

Es así como el Inpec inició este maiércoles el trasladó a varios personajes que se encontraban en batallones militares, casas fiscañes etc, y fueron llevados al pabellón de funcionarios publicos de La Picota.

Lo anterior por las decisiones del Gobierno de Abelardo De La Espriella contra los presos y criminales que gozan de priviligios incluyen a los que están privados de la libertad no obstante su situación. La orden de De La Espriella es depurar las instalaciones policiales y militares de presos, y que estas sean espacios para miembros de la Fuerza Pública.

La resolución del Inpec sacudió las casas fiscales en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Cespo.

Y es que varios privados de la libertad sin ningún vínculo con la Policía permanecían en casas fiscales y alojamientos que, se supone, están destinados a los miembros de la Fuerza Pública, pero en los últimos años sirvieron de espacio de reclusión para “recomendados” que huían de las cárceles.

Ese panorama motivó la decisión del Instituto Nacional Penitenciario Inpec.

Entre los trasladados está el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, detenido en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD.

Con esa decisión del Inpec, por lo menos en el caso del Cespo, esos espacios se usarán para lo que fueron creados: alojamiento de oficiales que transitan en comisión.

Los otros incluidos en el listado de trasladados son el exsubdirector del DAS, Emiro Rojas Granados; el abogado Alexandre Philippe Vernot, condenado en el escándalo del caso Hyundai; y el exalcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, procesado por hechos de corrupción en contratos del municipio.