COLUMNISTAS

Hay hechos que estremecen a una nación y obligan a formular preguntas incómodas. El asesinato de tres miembros de la reserva del Ejército Nacional en el departamento del Cauca no puede reducirse a una cifra más en la larga lista de víctimas de la violencia. Es un episodio que exige una investigación profunda, transparente y sin contemplaciones.

En los días posteriores al crimen comenzaron a circular versiones, difundidas en redes sociales y algunos espacios de opinión, según las cuales los responsables habrían verificado la identidad de las víctimas consultando una base de datos encontrada en un dispositivo electrónico. Sin embargo, hasta la fecha no existe una confirmación oficial que pruebe que esa información proviniera de una base de datos institucional del Estado o del Ejército Nacional. La duda y las sospechas están vigentes y sabemos que de este gobierno se puede esperar cualquier cosa.

Precisamente por la gravedad de esa versión, el país necesita respuestas. Si se demuestra que existió una filtración de información reservada sobre militares activos o retirados, no estaríamos simplemente frente a una falla administrativa. Estaríamos ante una eventual traición a la seguridad nacional.
La pregunta es inevitable: ¿quién protege los datos personales de quienes durante años protegieron a Colombia? Los integrantes de las Fuerzas Militares entregan buena parte de su vida al servicio del Estado. Sus registros personales, hojas de vida y antecedentes operacionales reposan en sistemas oficiales que deben estar protegidos bajo los más altos estándares de seguridad. Si esos sistemas fueron vulnerados, alguien deberá responder. Si no lo fueron, el Gobierno y las autoridades tienen el deber de aclararlo cuanto antes para evitar que la incertidumbre siga creciendo.
No sería la primera vez que hombres y mujeres que vistieron el uniforme continúan siendo objetivo de los grupos armados ilegales incluso después de su retiro. Durante décadas, las antiguas FARC, el ELN, las Autodefensas y posteriormente las disidencias han perseguido, amenazado y asesinado a militares retirados, policías pensionados y sus familias como una forma de venganza por operaciones realizadas durante el conflicto armado.
La memoria nacional registra numerosos casos de oficiales asesinados años después de haber dejado el servicio activo. También recuerda atentados contra asociaciones de veteranos y amenazas permanentes contra reservistas que decidieron regresar a la vida civil. La firma de acuerdos de paz jamás eliminó completamente ese riesgo.
El departamento del Cauca se ha convertido nuevamente en uno de los principales escenarios de confrontación. Allí las disidencias mantienen presencia armada, ejercen control territorial, instalan explosivos, utilizan drones y continúan atacando tanto a la Fuerza Pública como a la población civil. Las propias autoridades han advertido recientemente sobre el fortalecimiento de estas estructuras ilegales en distintas zonas del departamento.

Frente a ese panorama, la seguridad de la reserva militar no puede seguir siendo un asunto secundario. Miles de colombianos que sirvieron a la patria viven hoy sin esquemas de protección, con escasa información preventiva y dependiendo únicamente de sus propios medios para garantizar su seguridad.
El Gobierno que termina deja más interrogantes que respuestas en este episodio. Más allá de las diferencias políticas, la protección de quienes defendieron la institucionalidad debería constituir una política de Estado y no una discusión ideológica. Ningún militar retirado debería convertirse en un blanco fácil para organizaciones criminales.
El nuevo gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto tendrá la obligación moral e institucional de revisar los protocolos de protección para veteranos y reservistas. Será necesario fortalecer la ciberseguridad de los sistemas oficiales, realizar auditorías independientes sobre el manejo de bases de datos sensibles, investigar cualquier posible fuga de información y establecer mecanismos de alerta temprana para quienes puedan encontrarse en riesgo.
La confianza también deberá recuperarse mediante investigaciones serias. Si las versiones sobre una presunta filtración resultan falsas, el país merece conocerlo con absoluta claridad. Pero si existió una vulneración de información institucional, los responsables deberán enfrentar todo el peso de la ley, porque comprometer la seguridad de quienes sirvieron al Estado constituye un atentado contra la Nación misma.
La historia enseña que los países que abandonan a sus soldados terminan debilitando sus propias instituciones. El uniforme puede guardarse al concluir la carrera militar, pero el compromiso del Estado con quienes lo vistieron jamás debería terminar.
Los reservistas no piden privilegios. Reclaman algo mucho más elemental: el derecho a vivir sin convertirse en objetivos por haber cumplido su deber constitucional.
Porque una democracia que no protege a quienes la defendieron corre el riesgo de traicionarse a sí misma. Y si algún día se demuestra que manos criminales accedieron a información reservada desde las propias entrañas del Estado, Colombia no estará solamente frente a un caso de corrupción o negligencia. Estará frente a uno de los episodios más graves de vulneración de la seguridad nacional, una auténtica traición a la patria.