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Valledupar, 5 de junio de 2026.- A un año del atentado contra el senador de oposición Miguel Uribe Turbay, el país se estremece tras las revelaciones de su viuda, María Claudia Tarazona, en Blu Radio. Según confirmó, la Fiscalía evalúa una hipótesis sumamente grave: la presunta participación de sectores del propio Gobierno en la planeación del magnicidio. Aunque las autoridades aclaran que se trata de una línea de investigación en desarrollo, la sola inclusión del Ejecutivo en el radar de los determinadores intelectuales desata una crisis institucional sin precedentes.

La gravedad de la sospecha expone la alarmante vulnerabilidad que enfrenta la oposición en el país. Durante la entrevista, Tarazona fue contundente al definir la hipótesis: “Quiere decir que el Gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel y es materia de investigación, presuntamente. Es una hipótesis. Que el Gobierno dio la orden, se reunió para planear el asesinato de Miguel”. Si bien los ejecutores materiales estarían vinculados a la Segunda Marquetalia, la posibilidad de que altos funcionarios hayan intervenido sugiere una oscura sombra de complicidad estatal.

Este escenario deja a la administración actual en una posición sumamente comprometida, obligada a responder con transparencia ante una opinión pública que exige respuestas. Más allá de la prudencia judicial del caso, el impacto político es devastador para la credibilidad del Ejecutivo. En una democracia sana, el Gobierno tiene el deber ético de dar garantías; de lo contrario, el silencio frente a una acusación de este calibre solo ratificará las denuncias sobre la degradación institucional del poder actual.

Fuente: El Colombiano
Blu Radio