COLUMNISTAS

Lo ocurrido la tarde de este martes 28 de abril en el departamento de Arauca no puede leerse como un hecho menor solo porque, por fortuna, no dejó víctimas ni daños materiales. El ataque con cilindros explosivos contra una guarnición militar en zona rural (en el corregimiento El Caracol) es, en sí mismo, una señal clara de la persistencia del conflicto armado y de la capacidad operativa que aún conservan los grupos ilegales en regiones estratégicas del país.

Según versiones preliminares, los artefactos fueron lanzados contra el Batallón de Artillería desde inmediaciones del Caño Cubarral, utilizando métodos rudimentarios pero altamente peligrosos. Esta modalidad, tristemente conocida en la historia reciente de Colombia, ha sido empleada de forma recurrente por organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional y las Disidencias de las FARC, quienes encuentran en estas armas improvisadas una forma de generar terror, desestabilizar el orden y desafiar la institucionalidad.

Que en esta ocasión los cilindros no hayan impactado dentro de la base militar no es motivo de tranquilidad, sino de alerta. La intención estaba clara: atacar, intimidar, demostrar presencia. Y ese mensaje, aunque fallido en lo táctico, resulta profundamente inquietante en lo estratégico. Porque deja en evidencia que el control territorial sigue siendo disputado, que la inteligencia militar enfrenta retos considerables y que la población civil continúa expuesta a escenarios de alto riesgo.

Arauca no es un caso aislado. Es, más bien, un reflejo de lo que ocurre en múltiples regiones del país donde la institucionalidad es frágil y la presencia del Estado resulta insuficiente frente al poder de las estructuras armadas ilegales. Departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander han sido escenario reciente de atentados, hostigamientos, secuestros y extorsiones que evidencian un deterioro progresivo del orden público.

En este contexto, preocupa el silencio institucional frente a hechos como el de Arauca. La ausencia de un pronunciamiento oficial inmediato por parte del alto mando militar no solo genera incertidumbre, sino que también deja espacio para la especulación y debilita la percepción de control por parte del Estado. En materia de seguridad, la comunicación oportuna y transparente es fundamental para mantener la confianza ciudadana.

Pero más allá del episodio puntual, lo verdaderamente grave es la normalización de la violencia. Nos estamos acostumbrando a que estos ataques ocurran sin consecuencias visibles, a que la noticia pase rápidamente sin generar un debate profundo sobre las causas estructurales del conflicto y las estrategias reales para enfrentarlo. El país parece avanzar en una peligrosa resignación, donde la ausencia de muertos se celebra, pero no se cuestiona el porqué seguimos al borde de la tragedia.

Colombia atraviesa un momento crítico en materia de seguridad. Las políticas de contención no están siendo suficientes, y los diálogos con grupos armados (cuando existen) no han logrado frenar la expansión ni la agresividad de estas organizaciones. Mientras tanto, las comunidades en zonas rurales siguen viviendo entre el miedo, el abandono y la incertidumbre.

Lo ocurrido en Arauca es un recordatorio de que la guerra no ha terminado, de que sigue latente, activa, buscando espacios para manifestarse. Hoy no hubo víctimas, pero mañana podría ser distinto. Y esa es la verdadera preocupación.

Porque cuando la guerra falla en su objetivo, pero insiste en su intención, el mensaje es claro: el problema sigue intacto. Y Colombia no puede permitirse seguir ignorándolo.