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“A semanas de elecciones, la apuesta por imponer una jurisdicción agraria sin reglas legales claras no corrige la deuda con el campo: la convierte en incertidumbre jurídica, riesgo productivo y tensión sobre el derecho de propiedad.”

A 30 días de las elecciones, el gobierno de Gustavo Petro ha decidido cruzar una línea peligrosa: sostener que la jurisdicción agraria puede operar sin una ley que defina su competencia y procedimiento. No es un debate técnico. Es la pretensión de imponer una jurisdicción de “facto” al margen del diseño constitucional.

La Constitución no deja espacio a esa tesis. El artículo 29 exige juez natural: autoridad competente definida previamente por la ley. El artículo 150 (numerales 1 y 2) reserva al Congreso la expedición de códigos y procedimientos judiciales. Y el artículo 116 permite jurisdicciones, pero no su funcionamiento sin desarrollo legal. La regla es clara: sin ley, no hay jurisdicción operativa.

La Corte Constitucional de Colombia ha sido consistente en su reciente sentencia C-099 de abril de 2026, ha puesto el freno necesario a esta pretensión. El fallo es contundente: no puede haber activación exprés ni saltos al vacío. La Corte ha reafirmado que la competencia debe ser previa, expresa y cierta. Sin esa certeza, se rompe el debido proceso y cualquier decisión queda expuesta a la nulidad, reafirmando lo dicho en anteriores pronunciamientos jurisprudenciales (C-713 de 2008; C-372 de 2011).

Pero el Gobierno no está leyendo solo la Constitución. Está leyendo el calendario electoral.

En un país donde, según el IGAC, el 1 % de los propietarios concentra cerca del 45 % de la tierra rural, anunciar “justicia agraria ya” tiene alto rendimiento político. El problema es que esa narrativa se está construyendo sin soporte legal completo. Ahí aparece el riesgo real.

Colombia no solo tiene un problema de tierra. Tiene un problema de producción. Según el DANE, el sector agropecuario representa cerca del 7 % del PIB y es uno de los principales generadores de empleo rural. De acuerdo con Fedegán, la ganadería ocupa más de 38 millones de hectáreas y sostiene a cientos de miles de productores en todo el país.

Esto no es marginal. Es estructural.

Cuando se introduce incertidumbre jurídica sobre la tierra:

1-Se frena la inversión

2-Se restringe el crédito agropecuario

3-Se desacelera la producción

Y en consecuencia:

A- Se compromete el abastecimiento. El efecto no es solo jurídico. Es económico y social.

B- La inseguridad jurídica en la tierra termina traduciéndose en inseguridad alimentaria de la Nación. El Empresario del Campo (De cualquier tamaño), no invierte sobre reglas inciertas. Sin producción estable, no hay oferta suficiente ni precios sostenibles.

Una jurisdicción agraria sin ley clara puede derivar en afectaciones indirectas al derecho de propiedad. No mediante expropiación formal, sino a través de decisiones judiciales dispares, criterios cambiantes y ampliación discrecional del llamado “enfoque agrario”.

Eso tiene un nombre preciso: expropiación indirecta por vía de inseguridad jurídica.

Y es exactamente el tipo de fenómeno que destruye confianza, inversión y estabilidad rural.

Las consecuencias jurídicas también son previsibles:

1) Conflictos de competencia entre jueces

2) Nulidades procesales

3) Tutelas masivas por violación del debido proceso

Es decir: más congestión, más incertidumbre y menos justicia efectiva.

Colombia necesita una jurisdicción agraria. Pero no una que nazca como herramienta electoral ni como imposición de facto. La necesita construida conforme a la Constitución: con ley, con competencia definida y con procedimientos claros.

Cuando la política se adelanta al derecho, lo que sigue no es justicia.

Es desorden.

En el campo colombiano, el desorden siempre termina afectando lo más básico:  La Seguridad Alimentaria de la Nación, el plato de comida.

@lacoutu

Pd. Las heridas que más demoran en cicatrizar son las que se causan los hermanos. Paren bolas a lo que estamos haciendo, después no se quejen, con Cepeda vamos a extrañar a Petro.