COLUMNISTAS

No se alarmen con el título. No se tarra del insigne maestro Poncho. O mejor, sí. Porque en esta Colombia donde lo absurdo se volvió rutina, ya ni siquiera sorprende que una senadora termine otra vez en el ojo del huracán por hechos que rozan lo inverosímil. La protagonista es Isabel Zuleta, quien hoy vuelve a ocupar la “picota” pública (aunque tristemente, no la que muchos quisiéramos ver funcionando con rigor institucional)

El episodio más reciente tiene como escenario la cárcel de Itagüí, donde, todos hemos visto en vídeos las pruebas de la guachafita que se armó por el supuesto cumpleaños de un convicto, sumado a las denuncias y filtraciones que hoy circulan con fuerza, se habría gestado otro capítulo de lo que ya parece una peligrosa costumbre: la mezcla tóxica entre política, criminalidad y una permisividad estatal que raya en la complicidad. Chats filtrados, presuntas amenazas a la ministra de Justicia y versiones cruzadas sobre el rol de la senadora (¿negociadora del Estado o emisaria de los bandidos?) vuelven a encender las alarmas.

Y aquí es donde la cosa deja de ser anecdótica para volverse estructural.

Porque no estamos hablando de un hecho aislado. Estamos frente a un patrón. Uno que se repite con una naturalidad preocupante en medio de una política de “paz total” que, en la práctica, parece haber derivado en una peligrosa flexibilización de los límites entre legalidad e ilegalidad. En ese contexto, figuras como Gustavo Petro no pueden seguir actuando como simples espectadores de un espectáculo que, a todas luces, ocurre bajo su propio gobierno.

El silencio, en estos casos, no es prudencia. Es permisividad.

Y mientras tanto, las instituciones encargadas de custodiar el orden dentro de los centros penitenciarios (como el INPEC) quedan en entredicho. ¿Quién manda realmente en las cárceles colombianas? ¿El Estado o los internos con línea directa a actores políticos? Porque si desde una prisión pueden salir amenazas a una ministra y, además, organizarse encuentros de dudosa legitimidad, entonces el problema no es de percepción: es de control.

A esto se suma el papel del Ministerio de Justicia, hoy bajo presión no solo por las denuncias, sino por la falta de claridad frente a estos hechos. Cuando las versiones oficiales no logran disipar las dudas, lo que crece es la desconfianza. Y en política, la desconfianza es el peor de los combustibles.

Pero volvamos a la senadora Zuleta.

No es la primera vez que su nombre aparece vinculado a episodios polémicos relacionados con actores al margen de la ley. Y aunque la defensa siempre apela a su rol como “mediadora o facilitadora en procesos de diálogo”, la línea que separa la interlocución legítima de la connivencia peligrosa es demasiado delgada como para ignorarla. Más aún cuando los hechos ocurren en plena antesala electoral.

Porque ese es otro elemento que no se puede pasar por alto: el calendario político.

En tiempos de elecciones, cada gesto, cada movimiento y cada silencio tienen un significado. Y lo que hoy se percibe es una narrativa en la que la indulgencia con ciertos sectores ilegales termina enviando un mensaje devastador: en Colombia, delinquir puede salir barato… siempre y cuando se tenga el canal adecuado.

¿Es esa la señal que quiere enviar este gobierno?

La sensación que queda es que la balanza está peligrosamente inclinada. Que mientras al ciudadano común se le exige cumplir la ley, a ciertos actores se les abren puertas, se les escucha con benevolencia y, en algunos casos, se les permite operar en zonas grises donde la institucionalidad parece diluirse.

Eso no es paz. Eso es confusión.

Y en medio de esa confusión, el país asiste a un espectáculo que mezcla filtraciones, amenazas, cárceles convertidas en centros de operación política y una clase dirigente que, en lugar de aclarar, enreda más el panorama.

La responsabilidad, por supuesto, no es solo de una senadora. Es de un gobierno que ha permitido que estas dinámicas prosperen sin un control claro. Es de unas instituciones que no logran imponer autoridad. Y es, también, de una sociedad que empieza a normalizar lo inaceptable.

Hoy es Itagüí. Ayer fue otro episodio. Mañana, quién sabe.

Lo cierto es que Colombia no puede seguir acostumbrándose a este tipo de escándalos como si fueran parte del paisaje. Porque cuando lo anormal se vuelve cotidiano, lo que realmente está en riesgo no es la imagen de un gobierno o de una senadora.

Es la credibilidad del Estado (si es que algo le queda)

Y esa, a diferencia de los discursos, no se recupera con palabras.