COLUMNISTAS

*Representante a la Cámara

La Asamblea Nacional de Venezuela ha sido dejada sin competencias legislativas por el Tribunal Supremo constituyendo así un golpe de estado de facto.

Convertida en un narcoestado, Venezuela se debate entre el hambre, la miseria y la muerte, mientras Maduro y Cabello hacen lo que corresponda a sus intereses delictivos para atornillarse al poder.

Voces aisladas en Latinoamérica reclaman la aplicación de la carta democrática para Venezuela. El Secretario General de la OEA,  Luis Almagro, se ha convertido en blanco de insultos del cartel venezolano por adelantar una férrea defensa de los intereses de la Nación.

El gobierno colombiano hace gala de la indiferencia que ha sufrido Venezuela, desde el día en que Santos se posesionó como presidente y declaró a Chávez, su “nuevo mejor amigo”. La evidente complicidad que con su silencio demuestran canciller y presidente colombianos no deja lugar a dudas. El negocio del narcotráfico, controlado en Colombia por las Farc y representado en Venezuela por Diosdado Cabello como comandante del cartel de los soles, representa interés superior para los ilegítimos mandatarios de ambas naciones.

La aplicación de la Carta Democrática es imperativa ahora. Venezuela no puede caer más bajo ante la mirada cómplice de gobiernos vecinos que se lucran del narcotráfico o se han visto beneficiados por las dádivas con que el gobierno chavista compraba respaldos en el pasado.