CONGRESO

Barranquilla, 27 de septiembre de 2017.- El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, recordó este martes que hace un año se firmó por una nueva ocasión -porque ya había habido firmas anteriores -, el acuerdo de La Habana, y que el 2 de octubre hará un año que el No ganó el Plebiscito y, sin embargo, se desconoció.

Adempas de reiterar su negativa a que el Centro Democrático vote los proyectos de Fast Track porque considera que ha habido un daño bien grave a la democracia colombiana, que incluso des legitimó a la Corte Constitucional.

Aseguró que si antes había una entidad con gran legitimación, surgida de la Constitución de 1991, era la Corte Constitucional, y pusieron a la Corte Constitucional a aprobar que una resolución del Congreso pudiera modificar una expresión de democracia directa como fue el resultado del Plebiscito, además de la imposición de algunos magistrados de la Corte Constitucional afectando su independencia, obligándolos a prejuzgar y afectando la independencia del Senado de la República con la tesis de que necesitan magistrados que aprueben todos los acuerdos de La Habana.

Por lo anterior manifestó sentirse obligado como ex presidente de la República y como Senador, a dejar su concepto sobre todo la grave situación que ha venido ocurriendo, en el que hasta hace muy poco era un Estado democrático. Afirmó que “este Estado no necesita que el acuerdo con el cartel de cocaína más grande del mundo, lleve a que haya una norma aprobada por un procedimiento excepcional para ratificar que el monopolio de las armas resida en el Estado democrático. Mientras los mexicanos se ufanaban de que en el siglo pasado tuvieron 12 años de interrupción democrática, Colombia escasamente tuvo cuatro”.

Expresó que “el exmagistrado Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado, referirse a lo que él llama las causas viciosas de nuestro Estado de derecho que justificaron el terrorismo, pero olvidó Henao lo más importante: siempre que el Estado de derecho de Colombia ha tenido dificultades o fallas, las ha corregido. Es tan importante la historia de las fallas, como la historia de su autocorrección democrática”.

Afirmó que no se puede confundir las responsabilidades netas del Gobierno de Juan Manuel Santos, con unas decisiones de Estado, porque lo que ha habido es un Gobierno contrario a la tesis de que el monopolio de las armas reside en el Estado democrático.

Uribe afirmó para que quede incluido ante la historia del país: “aquí lo que hemos tenido no es un Estado democrático en camino de permanente perfeccionamiento, que aún en las épocas del Frente Nacional permitió la presencia de voceros del partido comunista”; un Estado democrático que a pedido de sectores democráticos y de la misma insurgencia, para no llamarla terrorismo, adoptó la elección popular de alcaldes y gobernadores. Aquí ha habido un Estado democrático, consiente de que el monopolio de la armas es del Estado”.

El Ex Mnadatario dejó constancia de lo expresado debido a la preocupación que se pretenda hacer creer en la Ley del acuerdo con el terrorismo que Colombia ha tenido un Estado terrorista, y que ahora el país nace a partir del acuerdo con la Farc y que en adelante ya no habrá terrorismo de Estado”  “Grave precedente”, afirmó en la plenaria de este martes.

Reiteró en la plenaria lo que ha repetido en la plaza pública: “El paramilitarismo fue producto de la guerrilla y de la falta de acción del Estado; el paramilitarismo no fue producto ni de omisión ni de voluntad del Estado, surgió por la acción criminal de la guerrilla, por la acción criminal del narcotráfico y por la ausencia de Estado, no por su omisión ni por su acción”.

Reclamó lo expresado en la Constitución, que el monopolio de las armas pertenece al Estado, y de incluir el paramilitarismo, pusieran en igual nivel a la guerrilla, porque ambos afectan el funcionamiento del Estado de derecho, reiteró. La razón, dijo Uribe, es con el fin de exigir que el Estado tenga el monopolio de las armas, una condición esencial para que funcione el Estado de derecho, y por igual lo afectan la guerrilla y los paramilitares”, aclaró en su constancia y en la plenaria.

Durante su intervención, para finalizar recordó una discusión con la Corte Suprema, donde se permitía la sedición para la guerrilla y se negaba para los paramilitares, reiterando que “a ninguno se le debe considerar el delito político, porque el delito político es un atenuante frente a los excesos, frente a las dictaduras. Pero cuando hay una democracia en permanente proceso de perfeccionamiento, cuando no hay delitos de opinión, ¿cuál es la razón?, ¿cuál es la razón para tener este atenuante que es el tipo penal del delito político? Y entonces dijo un sector de la Corte Suprema que lo que pasa es que la insurgencia, la guerrilla tenía una finalidad noble en lo económico y lo social, a lo cual respondimos: — lo mismo podrán decir los paramilitares, que unos quieren cambiar el orden económico establecido y los otros lo quieren defender—.

Todo grupo terrorista finalmente siempre tiene excusas, todo grupo terrorista siempre presenta justificaciones, pero finalmente ambos alteran la operancia del Estado de derecho, por lo que para concluir reiteró su solicitud de que se eliminara al artículo o la mención a cualquier grupo criminal o ponerlos a todos, porque todos han sido causa de la perturbación del Estado de derecho, cualquiera sea la finalidad que busquen.