AGRONOTAS, EN CAMPAÑA

“Me comprometo en el combate frontal a la minería ilegal”.

Barranquilla, 27 de julio de 2017.- Dar seguridad jurídica a la propiedad rural, impulsar el desarrollo productivo de la tierra y revocar el Decreto Ley 902 de 2017, fueron las tres propuestas que presentó este jueves la senadora y precandidata presidencial, María del Rosario Guerra, durante el foro sobre ‘Tierras: propiedad y minería criminal’.

En el ‘Foro por Colombia’, realizado en Popayán, la Precandidata Presidencial consideró que gran parte de la problemática de la propiedad rural en Colombia es porque “el 64% de los campesinos en Colombia no tienen tierra; hay 22 millones de hectáreas aptas para la producción agrícola, de las cuales solo 7 millones están sembradas, y en el 70% de los municipios, más de la mitad de los predios no tienen titulación”.

Ante esa situación, la Senadora presentó tres propuestas que implementará de llegar a ser Presidente de Colombia, con el fin de lograr una política de tierras que promueva la productividad rural y la sostenibilidad ambiental.

1. Seguridad jurídica a la propiedad rural

Titular el 30% de los predios que están ocupados por tenedores de buena fe y que los han venido explotando de manera constante y demostrable.

Reintegrar a la Nación las tierras que han sido usurpadas por bandas criminales, guerrillas y narcotraficantes. Hay que crear un grupo especializado, integrado además de fiscales y jueces, por el Ejército, municipios y corporaciones regionales, para asegurar que esa tierra sea recuperada y reintegrada a quienes se la despojaron.

Castigar con todo el peso de la Ley la invasión de tierra. Alcalde que no respete la Ley, debe ser suspendido inmediatamente del cargo. “No podemos permitir que unos alcaldes timoratos y débiles, terminen amangualados con bandas criminales, guerrillas, con los corruptos, para no hacer nada ante las invasiones”, reclamó la Precandidata Presidencial.

María del Rosario Guerra propone congelar el impuesto predial rural por un par de años, de tal manera que se ayude a recuperar la productividad del campo.

2. Impulsar el Desarrollo Productivo de la Tierra

“La tierra por sí misma no genera ingresos, para que genere ingresos hay que ponerla a producir”, expresó la Senadora, al presentar las siguientes propuestas frente al tema del desarrollo productivo de la tierra.

Brindar tecnología, asistencia técnica, distritos de riego, acceso al crédito y mejorar vías terciarias.

Tener más y mejor vivienda rural, con una meta de 200 mil viviendas mejoradas y brindando prioridad en el subsidio de vivienda con energía solar.

Acompañar a las comunidades indígenas para el desarrollo productivo de sus predios.

3. Revocar Decreto Ley 902 de 2017

La Precandidata Presidencial indicó que a través de un acto legislativo derogará el Decreto Ley 902, que atenta contra la propiedad de la tierra porque en el acuerdo entre Santos y las Farc se creó un Fondo de Tierras que dispondrá de 3 millones de hectáreas durante los primeros 12 años de creación.

Actualmente solo existen 75.000 hectáreas en manos de la Agencia Nacional de Tierras, con una adición de 500.000 que son administradas por intermedio de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

“¿De dónde sacarán el resto de hectáreas? No vamos a permitir que expropien ni un centímetro de tierra a los colombianos de bien, por eso derogaremos ese Decreto Ley”, afirmó.

Combatir la minería ilegal

“Un kilo de oro vale $90 millones y un kilo de coca vale $4,5 millones. A todas luces es más rentable la extracción de oro, la minería ilegal”, relató la senadora María del Rosario Guerra, al tiempo que señaló que ese dinero ilícito crea una ilusión en la economía real de las regiones.

“¿Cómo no vamos a luchar contra la minería ilegal?, cuando no hay economía que pueda funcionar con esa ilegalidad”, dijo. Seguidamente presentó sus propuestas para hacerle frente a esa problemática:

Fortalecer normativa penal.

Darle dientes al Estado.

Promover Seguridad Jurídica.

Además, es necesario entregar más información a la comunidad sobre las bondades de minería legal, lo que se logra en un diálogo permanente en el que participen: empresas, gobierno, órganos de control y autoridades locales.

De debe también precisar en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) cuáles son las zonas de actividad extractiva. Y armonizar la competencia entre: Nación y entidades territoriales sobre uso del suelo y del subsuelo.

“Ya es hora de dar seguridad jurídica a los poseedores de tierra de buena fe;  quitarle la tierra a los criminales;  hacer más productivo el campo y combatir la minería ilegal”, concluyó.