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Supersalud impuso medida cautelar contra la Fiduprevisora y el Fondo del Magisterio

La decisión fue tomada por la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de asegurar la protección y garantizar el derecho a la salud de maestras, maestros y beneficiarios del régimen de excepción del Magisterio.

Barranquilla, 21 de mayo de 2024. Luego de recibir más de 2100 reclamaciones por parte de los usuarios del Fomag en menos de 20 días, y a raíz de la negativa de responder a once requerimientos por parte de este ente de vigilancia, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó esta tarde imponer medida cautelar en contra de la fiduciaria la Previsora S.A. y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

La decisión, que ordena de manera inmediata la atención a esos 2100 casos y los demás que se están presentando, se da en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud, y de acuerdo con lo estipulado por la normatividad vigente, la cual permite tomar este tipo de medidas cuando la vida de las personas esté en riesgo, tal y como está sucediendo con los usuarios de este régimen especial.

El objetivo principal de este tipo de medida es la eliminación de cualquier tipo de barrera que esté afectando en este momento la adecuada atención de los pacientes, garantizando continuidad y calidad en la prestación de servicios de salud”, afirmó el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita.

Para este caso, la Superintendencia otorga un plazo máximo de 72 horas para que sea cumplida esta medida cautelar por parte de estas entidades, y para asegurar su cumplimiento, tanto la Fiduprevisora como el Fomag deberán presentar un informe detallado a la Supersalud, el cual no podrá superar los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la medida. Este informe deberá incluir el trámite y los resultados efectivos de la prestación de los servicios a los usuarios afectados.

La implementación de esta medida reafirma el compromiso del Estado con la protección del derecho fundamental a la salud de la ciudadanía.

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