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Augusto Rodríguez insiste en no dar protección a Abelardo de la Espriella. En lugar de aceptar que hay fallas en la protección de los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, el jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP) vuelve a lo de siempre: a negar o a vacilar en la toma de decisiones sobre la seguridad que quienes más la necesitan, orientado quizás por criterios oscuros relacionados con el color político de quien debe ser protegido.

La UNP, organismo adscrito al ministerio del Interior, está obligado a proteger las personas “en situación de riesgos provenientes de sus actividades políticas, judiciales, periodísticas, sindicalistas, comunitarias”, hayan éstas pedido o no esa protección, en casos de riesgo inminente y excepcional. Viola el estatuto de la UNP (decreto 4065 de 2011, decreto 300 de 2017 y decreto 19 de 2025) quien ofrece, atrasa o niega la protección a alguien en razón de su pertenencia a una u otra corriente política.

El señor Rodríguez justifica su negligencia alegando que Abelardo de la Espriella no ha pedido la protección de la UNP. “Abelardo de la Espriella no nos solicitó protección”, le dijo a Licsa Gómez, periodista de Infobae.

Sin embargo, Rodríguez no es claro. En un momento admite que Abelardo de la Espriella denunció fallas en las garantías que como candidato presidencial debe tener, y más adelante afirma que De la Espriella no pide protección a la UNP. ¿Espera que “el Tigre” le envíe un memorial en papel sellado al respecto? Las amenazas que han recibido Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella exigen la más urgente movilización de oficio de los recursos humanos y técnicos de la UNP.

Incluso en el caso del asesinado senador de oposición Miguel Uribe Turbay, ultimado por sicarios de las FARC el 7 de junio de 2025, Augusto Rodríguez atribuyó a otros las fallas de ese trágico episodio. Dijo que la “valoración del riesgo” del senador Uribe tenía que hacerla la Policía Nacional y que, después, la UNP podría “implemente las medidas necesarias”. Sabemos en qué gran tragedia desembocó esa visión burocrática de la protección.

El valse en dos pasos parece ser aplicable al caso de la senadora Valencia. En cambio, la UNP debe tanto evaluar el riesgo que corre Abelardo de la Espriella como decidir rápidamente las medidas necesarias. Todo indica que la UNP no ha emprendido acción alguna en ninguno de esos dos casos.

Augusto Rodríguez, un ingeniero químico de profesión y, sobre todo, un amigo de vieja data de Gustavo Petro y ex guerrillero del M-19, y ex miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Petro cuando éste era senador, no ha probado ser el más idóneo para dirigir la indispensable labor de la UNP, la cual exige la más grande agilidad, neutralidad y equilibrio al momento de decidir los tiempos y las acciones en la protección de personas de una y otra formación política. La negligencia de la UNP ya le costó la vida al candidato antipetrista Miguel Uribe Turbay. La opinión esperaba que tal asesinato fuera seguido –además de la investigación penal de la Fiscalia–, de una investigación administrativa dentro de la UNP, pero ésta no parece haber comenzado.  Las amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella exigen la más urgente movilización de oficio de los recursos humanos y técnicos de la UNP.