AGRONOTAS, COLUMNISTAS, REGIONALES

Sucre. Una economía bajo asedio. El gremio ganadero en Sucre atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años. No se trata solo de cifras ni de estadísticas frías: es la sensación diaria de trabajar bajo amenaza, de producir con miedo y de sentir que la ilegalidad avanza más rápido que la justicia.

El abigeato y la extorsión carcelaria se han convertido en el pan de cada día. Y aunque la Fuerza Pública actúa, el problema no cesa. Por el contrario, se recicla. La semana pasada, el hurto de 47 reses a Javier Romero Sierra en la finca Cantamono, zona rural de Galeras encendió nuevamente las alarmas. Un golpe de gran magnitud para cualquier productor. Afortunadamente, gracias a la rápida reacción de la Fuerza Pública y al dispositivo de seguridad articulado por el gremio a través de redes y comunicación inmediata entre fincas, el ganado fue recuperado. Pero no podemos conformarnos con celebrar recuperaciones. El problema de fondo sigue intacto.

El abigeato: crimen organizado en el campo. El robo de ganado ya no es un delito improvisado. Responde a estructuras que conocen rutas, tiempos de movilización y debilidades en la cadena de comercialización. Operan de noche, con logística, transporte y contactos. Cada res hurtada representa meses de trabajo, inversión en alimentación, sanidad y cuidado. No es solo una pérdida económica: es un golpe directo a la confianza del productor. Mientras tanto, los ganaderos invierten en cámaras, cercas eléctricas, vigilancia privada y coordinación comunitaria. Se organizan, crean redes de alerta, reportan movimientos sospechosos. Se convierten en vigilantes de su propio patrimonio.

La Fuerza Pública responde, patrulla, reacciona. Pero el desgaste es evidente. La otra amenaza: la extorsión carcelaria Si el abigeato golpea el bolsillo, la extorsión golpea la tranquilidad. Las llamadas desde centros penitenciarios se han vuelto rutina. Delincuentes privados de la libertad marcan números al azar o utilizan bases de datos ilegales para intimidar, exigir dinero, amenazar con supuestos atentados o secuestros. La modalidad es conocida: voz alterada, información básica del productor, amenazas contra la familia o el ganado. En muchos casos se trata de tentativa de extorsión, pero el daño psicológico ya está hecho.

¿Hasta cuándo? Desde este espacio hacemos un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a la Policía Nacional de Colombia para que verifiquen y controlen con mayor rigor el uso ilegal de celulares dentro de establecimientos carcelarios. No es un secreto nacional que desde las cárceles se siguen cometiendo delitos. Lo que indigna es la repetición constante del fenómeno sin una solución estructural.

Fuerza Pública desgastada, justicia lenta. Es justo reconocer el esfuerzo operativo de la Fuerza Pública en Sucre. Los resultados en el caso de Galeras lo demuestran. Hay compromiso, reacción y presencia.

Sin embargo, el problema surge cuando el aparato judicial no acompaña con la misma contundencia. Capturas que no se traducen en condenas ejemplares, procesos que se dilatan, reincidencias que desmotivan. El mensaje que percibe el productor es preocupante: se captura, pero no se desarticula; se denuncia, pero no se corrige de raíz.

El campo no puede convertirse en territorio de desgaste institucional. Una situación insostenible El gremio ganadero de Sucre está ahogado. No por falta de productividad, sino por la presión constante de la ilegalidad. La inversión se frena cuando el riesgo aumenta. El empleo rural se debilita cuando la rentabilidad se reduce por pérdidas reiteradas.

No podemos normalizar que roben 47 reses en una noche. No podemos aceptar como rutina llamadas extorsivas desde prisión. La seguridad rural no puede depender únicamente de la resiliencia del productor. El Estado debe garantizar que el delito tenga consecuencias reales.

Un llamado urgente Desde este medio reiteramos un llamado firme y respetuoso a las autoridades judiciales y penitenciarias. Se requiere control efectivo en los centros de reclusión, judicialización ágil de los responsables del abigeato y una estrategia integral que ataque las estructuras criminales, no solo a sus ejecutores.

El campo sucreño no pide privilegios. Pide garantías.

Mientras la Fuerza Pública se desgasta enfrentando una y otra vez los mismos delitos, el aparato judicial debe demostrar eficacia. De lo contrario, la sensación de impunidad seguirá alimentando a quienes creen que delinquir en el campo es un negocio sin mayores consecuencias.

Sucre no puede acostumbrarse al miedo. Y el gremio ganadero no puede seguir luchando solo.