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Unidiplo acusa a Leyva, Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio de detrimento patrimonial por nombrar a dedo en cargos de carrera diplomática.

Denuncian sobrecostos millonarios en tiquetes, viáticos y menajes.

Valledupar, 16 de octubre de 2026.- La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) radicó el pasado 13 de octubre una queja de 25 páginas ante la Contraloría General de la República para que investigue y declare fiscalmente responsables a los cuatro cancilleres que tuvo Gustavo Petro.

Los denunciados son: Álvaro Leyva Durán, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio.

Y no van solos. En la queja también aparecen seis exdirectores de Talento Humano: Silvia Carrizosa, Lina Luna, Diana Morales, Luz Ángela Cendales, Carlos Orozco y Eliana Salguero.

¿Cuál es la acusación?

Según Unidiplo, presidido por Andrés Ordóñez Buitrago, durante los cuatro años del gobierno anterior se hizo de forma “sistemática y reiterada” un nombramiento irregular de más de 100 personas, otros balances hablan de más de 200, en provisionalidad en cargos que por ley debían ocupar funcionarios de carrera.

Para hacerlo, según la denuncia, se expidieron certificaciones irregulares diciendo que no había personal de carrera disponible, cuando sí lo había, violando la jurisprudencia del Consejo de Estado de 2015 que dice que la provisionalidad es excepcional.

“Nombramientos injustificados e ilegales”, dice literalmente el documento.

El detrimento millonario

Aquí está la clave fiscal y por qué piden investigación. Cada nombramiento que luego fue tumbado por el Consejo de Estado le costó al país doble.

Como explicó Ordóñez:

“A cada una de esas personas hubo que pagarle tiquetes, viáticos, menaje para que se instale en el otro país, y a los tres, a los seis meses, volver a pagarle todo para que se devuelva, porque el nombramiento fue anulado”.

El sindicato contabiliza más de 200 acciones de nulidad electoral entre 2022 y 2026. Más de 100 fueron puestas por ellos mismos. Y la mayoría terminó en sentencias a favor de la carrera diplomática.

Esos litigios obligaron al Estado a pagar instalación, primas, doble remuneración y repatriación, además de los costos judiciales.

Qué pide Unidiplo

Que la Contraloría examine cada acto administrativo, calcule el daño patrimonial y establezca responsabilidades individuales.

La queja, aclaran, es apenas una solicitud de investigación. No significa que los excancilleres ya hayan sido declarados responsables fiscales ni sancionados. Eso lo deberá decidir el ente de control.

Pero de abrirse proceso, podrían responder con su propio patrimonio por los nombramientos que la justicia ya anuló.