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Valledupar, 8 de enero de 2025.- El Senado de USA aprobó una resolución sobre poderes de guerra en Venezuela por 52 votos a favor y 47 en contra. Se trata de una resolución con la que congresistas demócratas y 5 republicanos progresistas estarían intentand bloquear nuevas acciones militares de Trump en Venezuela, pretendiendo que la acción sea previamente aprobada por el Congreso. Esto es, avisarles anticipadamente a los dictadores, delincuentes, narcotraficantes, etc, las acciones militares contra ellos.

Es así como cinco republicanos se unieron a los demócratas para lograr un estrecho avance. Con esa medida aborda la participación militar de USA tras la redada que capturó a Maduro.

Sin embargo es importantes reasaltar las declaraciones del portavoz de la mayoría republicana de cámara de representantes, Mike Johnson, quien dejó claro el pasado 5 de enero, hace solo 3 días lo improcedente de la resolución que viola la Constitución estadounidense.

Dijo Mike Johnson, que legalmente las interpretaciones del Departamento de Justicia han establecido: la operación que se hizo en Venezuela, la resolución absoluta es legal y no requiere aprobación del Congreso.

Así que reiteramos: quienes siguen requeridos por la justicia americana con recompensa en indictment siguen siendo targets válidos.

“No estamos en guerra, no tenemos fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela y no estamos ocupando ese país…”

“A pesar de las afirmaciones de algunos de mis colegas, bajo la Ley de Poderes de Guerra, no se requiere la aprobación ni notificación previa del Congreso.

La Ley VALOR de 2025 (S.37) autoriza explícitamente sanciones contra el régimen de Maduro por narcotráfico y abusos contra los derechos humanos (Secciones 303-305), mientras que la Sección 203 permite 5 millones de dólares en fondos de la OEA para observadores electorales.

Esto no es “ocupación”, sino una aplicación selectiva de la ley contra un régimen narcoterrorista que ha inundado las calles de USA con fentanilo.

La Resolución de Poderes de Guerra permite operaciones limitadas sin la aprobación del Congreso cuando no existen “hostilidades sostenidas”.

Johnson tiene razón: los ataques quirúrgicos para desmantelar la infraestructura vinculada a los cárteles (como los rompebúnkeres estilo Fordow en la operación iraní de junio de 2025) no activan el plazo de 60 días.

Pero seamos claros: el presupuesto de 55 millones de dólares de la Oficina Conjunta de Autonomía debería financiar ataques con drones contra laboratorios de cárteles, no más presentaciones en PowerPoint del Pentágono sobre “optimización de procesos”.