COLUMNISTAS

En noviembre de 2015, el entonces procurador Alejandro Ordóñez presentó una denuncia ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional por la desaparición de al menos 2.760 personas secuestradas por los narcoterroristas FARC; denuncia que mostraba la inconveniencia que tenía para el gobierno de Juan Manuel Santos la continuidad del Procurador en su cargo y que entre otras cosas motivó que éste ejerciera toda su poder ante el Consejo de Estado para retirar a Ordóñez quien, con sus serias y jurídicas posturas frente a los desafueros que se cocinaban en el proceso de La Habana, se convirtió en estorbo para el proceso. Las advertencias de Ordoñez y muchas cosas mas, finalmente se materializaron en el acuerdo firmado (que el Pueblo Soberano rechazó en el plebiscito del 2016).

Como se anticipaba en esas fechas, se firmó el acuerdo y en el documento final nada se incluyó en lo relacionado con el tema de los secuestrados desaparecidos por las FARC. Hoy se habla de un número superior a 700 adultos (entre militares y civiles) de los cuales sus familiares jamás volvieron a tener noticias; no hubo un pronunciamiento oficial por el presidente de entonces exigiendo su liberación o al menos información de su paradero. Tampoco se mencionó nada en el acuerdo final de los menores secuestrados y reclutados por las FARC como combatientes; debemos recordar que en él sólo lapso de la negociación en la Habana y según cifras del Ministerio de Defensa y del ICBF al menos 1.500 menores fueron secuestrados por  esa organización como combatientes y esclavos sexuales. Además mencionar que después de la firma del acuerdo las FARC solamente devolvió un número cercano a 130 menores; sobre  el resto tampoco se tiene información alguna. Tanto los secuestrados desaparecidos adultos como los menores y quedaron en el olvido; literalmente negociadores, veedores y quienes apoyaron el proceso, los desaparecieron.

Y es que tristemente para ninguna organización de las auto llamadas Defensoras de Derechos Humanos el tema de los secuestrados adultos y menores desaparecidos por las FARC ha tenido importancia; nadie habla de ellos, nadie se preocupa, nadie cuestiona ni a las FARC ni al señor Juan Manuel Santos (cómplice de la desaparición), por haber permitido que un número importante de colombianos fueran simple y sencillamente borrados del mapa para que el proceso de La Habana continuará y para que el acuerdo pudiera ser firmado. El Nobel todo lo justificaba, incluso borrar de la faz de la tierra cualquier rastro de centenares de colombianos, entre ellos, cientos menores.

Tampoco dijo nada en su momento, ni posterior a la firma del acuerdo, la ONU, tristemente célebre en este proceso de impunidad porque hizo caso omiso de la situación  de los secuestrados desaparecidos; simplemente se preocupó por firmar sus jugosos contratos con el gobierno  Santos (como el último por más de us$320 millones) sin importarle realmente las víctimas ni mucho menos los familiares de tantos colombianos que tienen personas desaparecidas menores y adultos y sobre los cuales simple y sencillamente nadie volvió a hablar.

Por supuesto es de esperarse que en la JEP, la organización creada por las propias FARC según sus necesidades, tampoco se conozca la verdad de estos colombianos desaparecidos. Corresponde al nuevo gobierno exigir a las FARC información verídica de los más de 700  adultos y al menos 1.000 menores secuestrados y desaparecidos. Sus familias merecen saber lo que realmente sucedió con ellos. Adicionalmente, las FARC, Juan M Santos  y el delegado de la ONU para el proceso de La Habana deben responder ante la justicia e incluso ante la CPI por estos crímenes de Lesa Humanidad.

 EL COLMO 1: Se conoce que el 6 de agosto, un día antes de su retiro, Juan Manuel Santos firmó dos decretos en beneficio del Procurador Carillo: Uno con el cual decretó una “Bonificación Especial” salarial del 48% para los empleados de esa entidad. El segundo con el cual  crea 218 nuevos cargos en la Procuraduría para sus funciones ante la JEP. Hasta el último minuto de su nefasto desgobierno hizo cosas en contra del país. Reitero, el daño de ese tipo a Colombia es inconmensurable.  NO HAY DERECHO.

EL COLMO 2: Al mal llamado faro moral de la política en Colombia hace rato se le fundió el bombillo; ganó miles de millones con el Carrusel de la Paz, se hizo elegir estando inhabilitado, presentó tutela por dicho fallo y quiso ir a votar las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. Ahora es el del “Todo Vale”.  NO HAY DERECHO.