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Magistrados Reyes, Barceló y Hernández deben responder penalmente. Por: Duván Idárraga

Cómo he escrito y como se ha verificado, el proceso contra el expresidente Uribe por parte de la Corte Suprema ha tenido todo tipo de violaciones al ordenamiento jurídico y se ha caracterizado por ser persecución política de quienes deberían aplicar justicia (objetiva e imparcial).

También hay suficiente ilustración, incluso desde antes de los recientes hechos conocidos, que el mal denominado testigo estrella por parte de la Corte Suprema, Juan Guillermo Monsalve, es un bandido condenado a 40 años de prisión; lo absurdo es que un sujeto con estas condiciones, que además no tiene verdaderos elementos para aportar al proceso, sea la piedra angular para soportar las acusaciones y posterior orden de detención contra el expresidente Uribe. Otro de los particulares personajes involucrados en todo esto es la señora Deyanira Gómez, ex esposa de Monsalve. Habían sobre ella inquietudes y misterios, entre ellos la forma en que salió del país después de sus sospechosas actuaciones en este caso y más después de haber realizado negocios personales con un miembro de inteligencia del gobierno de Juan M. Santos que “extrañamente” participó en el intento de Deyanira de ingresar como medicó al Ejército. Para verdades, el tiempo, dicen por ahí.

Gracias a investigaciones periodísticas se supo que Deyanira Gómez tuvo relaciones directas con integrantes de las FARC (fue esposa de uno de ellos) años atrás, según informes de inteligencia y contrainteligencia del ejército de hace varios años y conocidos recientemente, se evidenció su participación con estructuras armadas de las FARC y con su intención además de vincularse a una guarnición militar también con la ayuda de él mismo oficial con el que posteriormente tendría negocios. Más grave aún, se supo la forma en que los magistrados de la C S J Barceló, Hernández y Castro utilizaron a Deyanira con funciones de policía judicial para grabar ilegalmente al abogado del expresidente Uribe el doctor Cadena. Absurdo que, pese al proceso de extinción de dominio contra la finca las Veraneras (avaluada en $500 millones comprada por Deyanira supuestamente en $50 millones figura con la mitad), su pasado con las FARC y sus extraños y millonarios negocios haya sido aceptada como víctima del presidente Uribe por la Juez de control de garantías.

Al pasar el proceso a la Fiscalía quien lidera la investigación ordenó lo que era evidente y necesario: Un análisis forense de los elementos que le fueron decomisados hace más de un año a Juan Guillermo Monsalve en su celda de La Picota (computador, celulares y sim cards), quedando en evidencia la negligencia, por no hablar de complicidad, del magistrado Reyes que tenía a cargo la investigación, que conoció de estos elementos y que los tuvo engavetados. Con estos análisis técnicos se ha conocido no sólo el actuar ilícito de Juan Guillermo Monsalve, muchos extraños negocios, los excesos (fiestas, licor, mujeres) y otras irregularidades que fueron oportunamente informadas por el INPEC a la Corte Suprema donde fueron ignoradas. El bandido Monsalve para la CSJ, intocable.

Definitivamente el manejo de los magistrados Barceló, Reyes y Hernández (quien funge como presidente de la Corte Suprema y quién hace un par de años en compañía de Barceló mintió en una entrevista al decir que no había sido un error las grabaciones ilegales en contra el presidente Uribe) deja mucho que desear. Por un lado, la omisión de sus procedimientos y deberes como magistrados; por otro, la manera en que protegen a personajes tan dudosos y con tantas relaciones delincuenciales como Juan Guillermo Monsalve y su exesposa Deyanira Gomez a quién, gracias a los buenos oficios de Barceló y de Jose Miguel Vivanco de Human Rights Watch, fue sacada del país por supuestas amenazas. En un país donde haya justicia y no políticos en las Cortes, ese par de personajes  (Monsalve y Deyanira) deberían estar respondiendo por tantos hechos ilegales en los que se ven involucrados y no llenos de privilegios, beneficios exagerados y protecciones inmerecidas. Si los magistrados Hernández y Reyes tuvieran un ápice de decencia ya habría renunciado. Esperar que Barceló que lo hubiera hecho es pedir peras al olmo. Cinismo nivel Santos el de los tres.

Todo indica que los Magistrados Barceló, Reyes y Hernández en sus actuaciones en este proceso han cometido delitos y por ellos deben responder; lastimosamente, al ser aforados corresponde a la Comisión de Acusaciones, sabemos nada ocurre. Queda la presión social para que al menos renuncien los dos y dejen de beneficiarse de sus millonarios ingresos y demás beneficios como magistrados.

EL COLMO 1: Pese a que está probado que no tenía jurisdicción sobre la zona, el General Uscategui sigue condenado por la masacre de Mapiripán que además se verificó no fue en la dimensión anunciada inicialmente; además, que fue parte de un montaje para hacerse a una gran suma de dinero del Estado. Las falsas víctimas pidieron perdón al General. El colectivo de abogados que orquestó el montaje ¿respondió penalmente? ¿Devolvieron el dinero recibido del Estado como indemnización? NO HAY DERECHO.

EL COLMO 2: Se conoce de un particular y sesgado taller que una profesora de un colegio de Cali hizo a sus alumnos en una clara demostración del adoctrinamiento promovido por FECODE. NO HAY DERECHO.

EL COLMO 3: El señor de la Bolsa (¿sesionando desde Italia?), el Partido Verde y el Polo votaron NO al proyecto de protección de los páramos de iniciativa del Centro Democrático. Y se dicen defensores del medio ambiente, ¿así o más incoherentes? NO HAY DERECHO.

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