COLUMNISTAS

Colombia comienza una nueva etapa. Y si de verdad queremos reconstruir el campo, debemos comenzar por recuperar algo indispensable para cualquier proyecto productivo: la confianza.

La confianza no se decreta. Se construye cuando el productor puede llegar a su finca, proteger a su familia y sus trabajadores, cuidar su ganado, sembrar, invertir y tener la certeza de que mañana podrá seguir produciendo.

La seguridad no puede ser un capítulo más de la política agropecuaria. Es la condición previa sobre la cual debe construirse toda competitividad.

La seguridad física. No estamos hablando de percepciones. Entre 2010 y 2023 se denunciaron en Colombia 33.650 casos de abigeato, casi seis cada día, según cifras de la Policía divulgadas por Fedegán. Y en el primer trimestre de 2026 se registraron 2.914 denuncias de extorsión, 7 % más que en el mismo periodo de 2025. Para quien produce, esas cifras tienen nombre propio: patrimonio, empleo y tranquilidad familiar.

Hay una seguridad que debemos recuperar con especial urgencia: La seguridad sobre la tierra.

Colombia necesita una política seria de acceso y formalización de la propiedad rural. La concentración de la tierra es una realidad que no podemos ignorar. El IGAC señala que el 1 % de los mayores propietarios posee el 45 % de la tierra rural y que el 10 % controla el 80,6 %. Resolver esa desigualdad es una obligación del Estado.

Pero una cosa es hacer reforma agraria dentro de la Constitución y la ley, y otra muy diferente permitir que la invasión o la ocupación de hecho se conviertan en mecanismos de presión para obtener tierra.

El problema no es imaginario. En 2022 Fedegán reportaba más de 50 invasiones en distintos departamentos, mientras la Policía ha documentado casos en los que la invasión de predios estuvo acompañada de extorsión, desplazamiento y estructuras criminales. Hoy el Ministerio de Defensa mantiene una base nacional específica sobre invasión y usurpación de tierras.

La reforma agraria debe garantizar acceso a la tierra; nunca convertir la ocupación ilegal en camino hacia la propiedad.

La Seguridad Jurídica. Quien compromete su patrimonio en una finca, una explotación ganadera o un cultivo necesita reglas claras, respeto por la propiedad y protección de los contratos. Sin esa certeza no hay inversión de largo plazo, crédito ni relevo generacional.

Necesita además seguridad económica. El clima, los precios, las tasas de interés y la tasa de cambio generan riesgos que ningún productor puede administrar solo. Por eso se requiere una verdadera instrumentación financiera: crédito a plazos y tasas razonables, seguros agropecuarios accesibles y mecanismos de cobertura que protejan la estabilidad de los ingresos.

Basta mirar a nuestros arroceros. Fedearroz registra para el arroz de riego un costo de fertilización de $2,08 millones por hectárea, dentro de un costo total superior a $9,2 millones. Y advierte que en 2026 los altos inventarios internacionales presionan los precios mientras aumentan los costos de producción. Cuando producir cuesta cada vez más y vender deja cada vez menos margen, también estamos frente a una inseguridad que debe atender la política pública.

Lo mismo ocurre con la tasa de cambio. Una TRM por debajo de $3.200 golpea los ingresos de quienes exportan y modifica la rentabilidad de operaciones planeadas con otra tasa. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de ganado en pie cayeron de US$94,4 millones a US$63,4 millones frente al mismo periodo de 2025. El productor no puede controlar la TRM ni los mercados internacionales; necesita instrumentos para administrar esos riesgos.

Seguridad comercial. Colombia demostró en 2025 que puede competir: las exportaciones agropecuarias sumaron US$11.297,7 millones y las agroindustriales US$3.965,7 millones. El campo responde cuando encuentra oportunidades. Ahora corresponde construir las condiciones para que ese resultado no dependa de ciclos favorables.

Eso exige vías terciarias, riego y drenaje, conectividad, energía, sanidad, trazabilidad, ciencia aplicada, crédito y mercados seguros.

Todas estas seguridades terminan conduciendo a una sola: la seguridad alimentaria de la Nación.

El nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica. No necesita otro diagnóstico. Necesita reconstruir la confianza del campo y convertirla en una política de Estado: seguridad para vivir, seguridad para trabajar la tierra, seguridad para invertir, seguridad para producir y seguridad para vender.

Quienes conocemos el campo sabemos que la competitividad no se construye desde un escritorio.

Se construye desde el barro y la bosta, donde cada día un empresario arriesga su patrimonio, genera empleo y sigue apostándole a Colombia.

Sin seguridad no hay confianza. Sin confianza no hay inversión. Sin inversión no hay competitividad. Y sin un campo competitivo y seguro, no habrá verdadera seguridad alimentaria ni futuro para Colombia.

@lacoutu.