CIUDADES Y DISTRITOS, COLUMNISTAS

Recientemente el periódico virtual “Corrupción Al Día” publico un artículo del dirigente político Norman Alarcón, donde se preguntaba que se hacía con las utilidades de la empresa, solicitando además que esas utilidades se deberían destinar para suavizar las tarifas que le cobra a sus usuarios que son de las más altas del país.

Primero que todo para que entiendan que se hace con las utilidades de una empresa por acciones, es bueno saber o tener claridad que el “Gerente” de la empresa y su junta directiva nada tienen que ver en la toma de decisión de qué hacer con las utilidades, ellos pueden sugerir una repartición de las mismas, pero quién decide sobre su utilización son los accionistas de la empresa normalmente en la Asamblea Anual. En segunda instancia son los accionistas quienes aprueban los Estados Financieros de la compañía, como la modificación de sus estatutos. En tercera instancia vale decir que los Estados Financieros mensuales, como los proyectos de inversión son aprobados por su Junta Directiva.

Se pregunta Norman Alarcón sobre el destino de las millonarias utilidades ¿quién las va a usufrutuar? ¿Podrá ser  para Inassa cuando se encuentran embargadas sus acciones (82.16%)?

La respuesta a los interrogantes de Norman Alarcón, hay que encontrarlo en la decisión que tomaron los accionistas en su reciente asamblea.

 La decisión fue llevar una parte de las utilidades  a Reservas Legales,  la suma de$3.589 millones, lo que elevo las reservas a $36.430 millones, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado.  El otro monto de las utilidades $80.048 millones, se decidió no distribuirlas y registrarlas como utilidades retenidas, a disposición de los accionistas hacia el futuro.

Lo aconsejable para la empresa y la ciudad de Barranquilla, como para los municipios donde presta el servicio la Triple A, es “capitalizar esas utilidades”  aumentando el capital, su flujo de caja y la inversión, sin tener que incrementar su endeudamiento.

 Creemos que la SAE debe proponer esa alternativa, dado el poder accionario que representa, la cual debe ser respaldada por el Distrito de Barranquilla , y de seguro no le gustara a Canal Extensia cuyos accionistas se la pasan cuestionando la gestión que viene desarrollando la actual administración. A pesar de que sus resultados son exitosos en todos los frentes.

¿De quién son el 82.16%, de las utilidades?

Sobre este tópico me  surge un interrogante, en cabeza de quién se capitalizará el monto de las acciones (82.16%), que administra la SAE,  ¿De quién son en realidad esas utilidades? Le pertenecen al gobierno central, o a la Fiscalía o la Rama Judicial o a Inassa. De acuerdo a nuestro marco jurídico la SAE, está administrando unas acciones que siguen siendo de propiedad de Inassa, entidad que ha perdido por la decisión de la Fiscalía sus derechos políticos. Solo cuando la justicia colombiana falle, podremos saber a qué entidad le pertenecen las utilidades generadas anualmente por la Triple A.

¿Cómo podrá el Distrito de Barranquilla recuperar el manejo de la empresa?

La única forma de recuperar por parte del Distrito el control de la empresa, es que el juez de extinción de dominio decrete la extinción de esas acciones, que de acuerdo al artículo 90, de  la Ley 1708 de 2014, le pertenece un 50%, al  Gobierno Nacional, un 25% a la Fiscalía y el otro 25%, a la Rama Judicial, y decida  el gobierno nacional entregarlas en donación  al Distrito y municipios clientes de la Triple A. Jurídicamente esto es posible, por lo menos el 50%,que le corresponde a la Nación, el otro 50%, puede ser donado o sus acciones compradas a valor en libros y pagadas en 20 años, sin interés alguno por parte del Distrito y los municipios del Atlántico. Tampoco podemos olvidar que la empresa Triple A logro conseguir el 23 de enero de 2020, el reconocimiento como tercer afectado que los tribunales la reconocieran como víctima en el proceso de Extinción de Dominio y en el del robo a sus arcas.

Lo anterior se logra con  la participación de todos los estamentos del Departamento del Atlántico. Es el camino para hacer realidad ese sueño, de “recuperar el manejo de la Triple A” creada por el Concejo de Barranquilla en la alcaldía del abogado Miguel Bolívar Acuña.

Pero es triste decirlo, es la poca por no decir nula  participación de: la sociedad civil, de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de diputados, de parlamentarios y del Comité Intergremial del Atlántico en los asuntos de la empresa, para presionar con sus intervenciones al gobierno nacional para que nos devuelva las acciones de la empresa que perdimos, por culpa de los concejales y del Comité Intergremial que apoyaron todos esos movimientos de los españoles, guardaron silencio y para rematar los condecoraron. Sin presión alguna, eso no será posible. No basta con las denuncias del senador Jorge Robledo, del profesor y periodista Aurelio Suarez, ni del Frente Amplio, ni de la abogada Melissa Martínez, ni de  Norman Alarcón, ni la  de algunos periodistas que se han atrevido sobre el tema, en sus micrófonos o con sus artículos.

Para la muestra  varios casos, uno de ellos es la indiferencia ciudadana  ante los  dos  procesos que enfrenta la empresa Triple A, el de  Extinción de Dominio decretada por la Fiscalía que cursa ante el Juez Penal del Circuito Especializado de Barranquilla Rad. 2019-00019(juzgado).2018-00354 E.D (Fiscalía), y el robo por facturación ficticia que investiga la Fiscalía y la Procuraduría. Sobre este último la Procuraduría ya se pronunció en segunda instancia sancionando y multando a dos exgerentes. Por su parte la Fiscalía decreto cárcel por casa, para Ramón Navarro quién se declaró culpable del robo de $27.000 millones, que  para robárselos tuvo que contar con la colaboración de funcionarios de la empresa, como de miembros de su Junta Directiva, con el beneplácito de algunos de los integrantes de la junta directiva de  Inassa , y por supuesto contratistas que se prestaron para presentar y cobrar 54 facturas ficticias y cuatro(4) contratos de consultoría. Por último la PGN, impetro una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el cual la admitió el 14 de junio de 2018, ante la Triple A, la SSPD e Inassa. Aparecen como coadyuvantes, el Distrito de Barranquilla, el Sindicato de la Triple A, el senador Robledo y Melissa Martínez. Con ello espera la PGN, recuperar los dineros pagados a Inassa por el concepto de “Costo gerencial”.

Consideramos que todos los estamentos del Departamento del Atlántico deberían presionar al Juez de Extinción de Dominio  para que decida lo antes posible la demanda impetrada por la Fiscalía  sobre el 82.16%, de las acciones de Inassa. Igualmente al Juez Penal que tiene el caso del robo efectuado por Ramón Navarro y otros, a las arcas de la empresa y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que falle la Acción Popular impetrada por la Procuraduría General de la Nación.

 El otro hecho es que callamos ante el hecho trascendental tomado por la gerencia actual de la Triple A, con su junta directiva  y la Directora de la SAE de dar por terminado el contrato  del aseo con la firma “Aseo Técnico”  de propiedad de uno de los zares de ese negocio en el país y América Latina.

 Las presiones  que recibieron de parte de su propietario, que es natural que lo hiciera, pero no las del gobierno nacional y del Comité Intergremial del Atlántico, como algunas amenazas de desconocidos, no impidieron que el gerente “Guillermo Peña Bernal”  siguiera con su empeño de que la misma Triple A, manejara el 100% del Aseo, ya que venía manejando un 30%, del negocio, que es uno de los más rentable. Un hecho que todos deberíamos celebrar, pero que parece le molesto mucho a los gremios y a la clase política.

Las utilidades de la Triple A y su manejo contable

Las utilidades de la Triple A, en el año 2019, fueron de $83.637 millones. Así lo registran sus estados financieros, auditados y certificados por el contador de la empresa, como los auditores externos, y el Revisor Fiscal, quienes certifican que el balance  refleja los movimientos contables realizados durante el año.

Sobre las utilidades, desde el manejo de la administración de la empresa por parte de la Sociedad de Activos especiales “SAE” he venido manifestando que el monto de las utilidades no deberían  incluir lo correspondiente al porcentaje que se venía pagando del 4.5%, de los ingresos brutos,  por el llamado contrato de “Costo Gerencial, que se firmó en el año de 1.996, y se modificó en el año 2.000.

¿Por qué no debe incluirse? por la sencilla razón que esos recursos están en un proceso jurídico entablado por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría que aún no se ha resuelto.

El hecho de que se haya decretado una medida cautelar de extinción de dominio sobre las acciones de Inassa, bajo la acusación de la Fiscalía y Procuraduría, en el sentido que el contrato de “Costo Gerencial” es ilegal porque  nunca se prestó. Por ello nunca ha debido pagarse. Eso no  significa que la justicia colombiana haya decidido sobre dicha extinción de dominio. Existe un proceso jurídico en que las partes que intervienen tendrán que demostrar que efectivamente el contrato no se ejecutó  o que si fue ejecutado a cabalidad.

 Por lo anterior expuesto el manejo contable que se está llevando, consideramos  no es el adecuado. La suma correspondiente al 4.5%, de los ingresos brutos que fueron de $559.136 millones, y equivalen a $25,161 millones, deberían registrase en una Cuenta de Orden y no cargarse a las utilidades de la empresa, hasta que la justicias colombiana decida sobre el caso. Lo anterior significa que las utilidades reales de la empresa fueron de$58.476 millones, y no los $83.637 millones que registra. Este error contable se hizo en el año 2018. Por ese manejo contable la Triple A paga más impuesto que el que le corresponde al aumentar sus utilidades.

Conclusión

27. La empresa necesita del respaldo de todos los atlanticenses, b) Debemos presionar al Juez de Extinción de Dominio, como al Juez Penal y al Tribunal administrativo de Cundinamarca la Fiscalía para que decidan lo antes posible la demanda de  Extinción de Dominio, como la del robo de $27.000 millones o más, y sobre la Acción Popular,  c)Presionar al gobierno nacional para que nos devuelva el 82.16%, de las acciones, en el evento de que el Juez falle a favor de la Fiscalías, d) Reconocerle a la Administración actual el valor civil que demostró ante  presiones y amenazas recibidas para decidir por fin dar por terminado el contrato del Aseo y manejarlo directamente el 100%, la empresa. Esto le significará a la Triple A, mayores utilidades, e) Entender que la caja de la empresa este año se afectará  por la pandemia, lo que por supuesto afectara  sus inversiones y el  mantenimiento de sus activos.

Por último no podemos compartir la idea propuesta por algunos dirigentes políticos de no pagar los servicios públicos domiciliarios. Tenemos que pagarlos a un precio justo y subsidiar a los estratos bajos. Si no pagamos no podremos contar con esos servicios y no contar con un servicio público es más costoso.