GOBIERNO

Según el Procurador no hay intocables en la defensa de la democracia y de la transparencia electoral

“Los funcionarios públicos, lo repetimos subrayando, no pueden hacer política, no pueden intervenir en política, el uso de los recursos públicos para las campañas electorales está prohibido”.

“Que no se crea que los contratos del Estado son instrumentos para influir en las elecciones”.

Barranquilla, 26 de mayo de 2018.- El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dio a conocer varias decisiones disciplinarias adoptadas por hechos relacionados con presunta participación en política de funcionarios públicos, muchas de ellas logradas con las denuncias de la ciudadanía.

Señaló Carrillo Flórez que el órgano de control adelanta 70 actuaciones disciplinarias y anunció la apertura de investigación y la suspensión provisional, por el término de tres meses, del secretario de Tránsito de Popayán Cauca, Rubén Ernesto Caicedo Celis, y de los alcaldes de Togüí Boyacá, Alfonso Sánchez Saaveedra y de El Banco Magdalena, Víctor Rangel López.

El ente de control disciplinario también ordenó la suspensión provisional del alcalde de Galapa Atlántico/, Carlos Alberto Silvera de la Hoz, y del secretario de Integración Socioeconómica del municipio, Mario Morales.

Carrillo Flórez aseguró que al parecer “el inmueble registrado en redes sociales, y en el cual presuntamente estuvieron repartiendo dádivas para favorecer una campaña presidencial, pertenece a la alcaldía y en él opera la casa del adulto mayor, ¡una cosa realmente repugnante!”.

Adicionalmente, por presuntas presiones a contratistas en la consecución de votos a favor de una campaña presidencial, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de las alcaldías de Moniquirá (Boyacá), Junín (Cundinamarca), Quimbaya (Quindío), y Barranquilla (Atlántico).

“Los funcionarios públicos, lo repetimos subrayando, no pueden hacer política, no pueden intervenir en política, el uso de los recursos públicos para las campañas electorales está prohibido, y ello implica una violación de las garantías electorales”, aseguró y agregó: “que no se crea que los contratos del Estado son instrumentos para influir en las elecciones”.