CONGRESO

Barranquilla, 2 de agosto de 2019.- La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al senador Ernesto Macías por el presunto incumplimiento del Estatuto de la Oposición, Ley 1909 de 2018, durante la instalación de las sesiones del Congreso, el pasado 20 de julio.

Según la Sala Disciplinaria reclama al entonces Presidente del Congreso “que no hubiera permitido la intervención del representante de los partidos o movimientos políticos con personería declarados en oposición, inmediatamente después de que terminara su intervención el jefe de Estado, y sí decretado un receso, con lo que habría interrumpido el desenvolvimiento de la sesión”, supuestamente “contrariando el régimen y la finalidad de las normas que regulan los derechos de la oposición”, no obstante que el presunto premeditado receso necesariamente había que decretarlo debido al desorden inmediato que se presentó cuando los parlamentarios corrieron a felicitar al Presidente por el eufórico discurso.

Es claro que el Ministerio Público pre juzgó y se sumó a la campaña de linchamiento al emprender junto con la Oposición un juzgamiento verbal contra Macías Tovar, y así lo reconoce en documento de prensa la Procuraduría, no obstante que también la justifica señalando que “se da con la evidencia” supuestamente “encontrada por la no inclusión en el orden del día de la intervención del vocero (a) de los partidos políticos declarados en oposición, conforme los documentos allegados al expediente y lo registrado en el video de la transmisión oficial de la jornada de instalación de las sesiones del Congreso, el sábado 20 de julio, que también fue incorporado al expediente”.

Según el ente de control “con su conducta Macías podría haber incumplido los artículos 1, 2, 111, 112 y 141 de la Constitución Política; 3, 5 y 14 de la Ley 1909 de 2018 (Estatuto de la Oposición), 13 de la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral, y 19 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso)”.

La falta del senador Ernesto Macías Tovar fue calificada en esta etapa como grave a título de dolo, por el conocimiento y la voluntad evidenciados en la expresión “esta es mi última jugadita de presidente”, que buscaba una presunta violación de los principios a la igualdad, imparcialidad, a la participación política efectiva y el pluralismo político, y a la moralidad.