DESCENTRALIZADOS

La apertura de conductas negligentes y omisivas no sólo cobijan a la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, sino también a otros funcionarios de la gobernación, entidades del orden nacional y particulares que deberán explicar por qué la obra solo lleva un 38% de avance.

Ya se ha desembolsado el 52% del presupuesto asignado, incluyendo un anticipo de más de $64.000 millones de pesos.

Desde diciembre el interventor de la obra solicitó la imposición de una multa al contratista Consorcio Ribera Este.

Barranquilla, abril 18 de 2017.- La Procuraduría General de la Nación durante su visita en terreno afirmó este lunes que evidenció pudo el estado actual del proyecto de la Vía a la Prosperidad, después de 35 meses de haberse iniciado su fase constructiva, en la que reporta un avance del 38% habiéndose desembolsado recursos equivalentes al 52% del presupuesto asignado, incluyendo un pago anticipado por más de sesenta y cuatro mil millones de pesos $64.801.526.813,55, lo equivalente al 15% del valor total del contrato, razón por la que hizo un llamado de atención preventivo en el que señala que aunque el contrato No. 617 de 2013 celebrado entre la Gobernación del Magdalena y el Consorcio Ribera Este, con el objeto de realizar la construcción de vía que conecte a los municipios de Palermo, Sitionuevo, Remolino y Guaimaro, termina el próximo 7 de noviembre, a la fecha la administración del departamento del Magdalena no ha tomado las acciones contractuales correctivas y efectivas para llevar a feliz término la ejecución de la obra.

El Ministerio Público manifiesta que no le consta que la Gobernación del Magdalena haya atendido con diligencia las numerosas observaciones hechas durante la ejecución del contrato por parte del Instituto Nacional de Vías y el Departamento Nacional de Planeación, vinculados a la ejecución de la obra por el compromiso de recursos de la Nación, mediante el Convenio de Cooperación No. 649 de 2013 suscrito con la Gobernación.

Igualmente afirma que habría conducta negligente respecto de la solicitud del 09 de diciembre de 2016, hecha por el interventor de la obra (Consorcio ICI) en la cual solicita imponer una multa al contratista Consorcio Ribera Este, por el probable “incumplimiento del programa de inversiones del Contrato de obra No. 617 de 2013 de la Gobernación del Magdalena”.

Por estas razones, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, al cierre de la función preventiva, dio traslado para que se investigue la posible comisión de faltas disciplinarias en relación con la ejecución del citado contrato por parte de la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga y otros funcionarios de la administración del Magdalena, entidades del orden nacional y los particulares que pudieron comprometer su responsabilidad.