CONGRESO, JUSTICIA

La Corte Suprema abrió investigación formal contra el congresista del Pacto Histórico por presunta concusión, delito que contempla hasta 15 años de cárcel y 12 de inhabilidad. El caso se apoya en denuncias de una exasesora que reveló transferencias millonarias a las cuentas personales del congresista petrista.

Valledupar, 21 de agosto de 2025. A través de sus canales oficiales, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de investigación formal contra el representante a la Cámara David Racero Mayorca, del Pacto Histórico, por el presunto delito de concusión. El proceso se centra en consignaciones realizadas por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a las cuentas personales del congresista, en hechos que han sido denunciados públicamente en medios de comunicación.

El artículo 404 del Código Penal establece que incurren en concusión los servidores públicos que, abusando de su cargo, constriñan, induzcan o soliciten a alguien entregar dinero o beneficios indebidos. La sanción prevista es severa: prisión de 8 a 15 años, multas entre 66 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para ejercer cargos públicos entre 6 y 12 años.

Las denuncias contra de Racero cobraron fuerza tras la publicación de la columna Doble Racero, del periodista Daniel Coronell, en la Revista  Cambio, allí se revelaron mensajes de WhatsApp en los que una exasesora de su UTL relataba que debía entregar mensualmente parte de su salario al congresista. Según la versión del periodista, las transferencias no eran hechos aislados, sino parte de un esquema que se repetía durante varios meses.

https://x.com/CorteSupremaJ/status/1958528611486486622

Estos indicios refuerzan la hipótesis de la Corte, según la cual las consignaciones podrían configurar una práctica conocida como el “mordisco” legislativo: la retención de parte del salario de los asesores para beneficio directo del congresista. La jurisprudencia del alto tribunal ha sido estricta en señalar que esa práctica constituye concusión, al implicar un abuso de poder jerárquico sobre subalternos.

La investigación también se conecta con un proceso disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación, que indaga denuncias de abuso laboral dentro de la UTL de Racero. Además, medios de comunicación han señalado presuntas prácticas de clientelismo en el SENA, donde familiares del congresista habrían tenido injerencia en nombramientos.

David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes y cercano al presidente Gustavo Petro, ha sido una de las voces más visibles en defensa de la transparencia y la lucha contra la corrupción. La apertura de investigación, sin embargo, abre un flanco delicado en su carrera política: de confirmarse los hechos, enfrentaría no solo la pérdida de investidura y una posible condena penal, sino también, el desgaste de su nombre.

Se espera que en los próximos días, e magistrado que dirige el proceso informe la fecha para diligencias procesales, sin dudas, la decisión de avanzar a etapa de investigación formal marca un punto de inflexión en un caso que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más sonados del actual Congreso.