GOBIERNO

El mandatario sostuvo que el caso no tiene relación con procesos de paz y denunció un presunto intento de soborno a funcionarios públicos.

Tras la decisión, la Gobernación del Valle del Cauca reforzó la seguridad en Tuluá y municipios vecinos.

Valledupar, 1 febrero de 2026.- Gustavo Petro ordenó este sábado iniciar la extradición de Andrés Marín Silva alias ‘Pipe Tuluá’, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La instrucción fue dirigida al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, y anunciada públicamente por el mandatario en redes sociales.

A través de su cuenta en X, el presidente afirmó que la decisión se adopta por razones estrictamente judiciales y rechazó cualquier intento de vincular el caso con la política de paz del Gobierno. “La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, escribió, al señalar que el procesado habría intentado comprar funcionarios públicos con recursos del Estado para obtener beneficios, una conducta que, dijo, rompe cualquier margen de legitimidad institucional.

En el frente internacional, Marín Silva es solicitado por autoridades federales estadounidenses por tres cargos: concierto para distribuir cocaína, tráfico con fines de importación al país norteamericano y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína. Las investigaciones lo ubican como presunto cabecilla de la estructura criminal conocida como La Inmaculada, con operación en el centro del Valle del Cauca.

La orden presidencial tuvo efectos inmediatos en el plano territorial. Tras quedar en firme la decisión, la Gobernación del Valle del Cauca activó un refuerzo de seguridad en Tuluá y municipios aledaños, con un despliegue conjunto de la Policía Valle y tropas de la Tercera Brigada del Ejército para prevenir retaliaciones y alteraciones del orden público.

“Vamos a reforzar la seguridad en el municipio de Tuluá para evitar retaliaciones. Esta decisión es importante porque se logró establecer su culpabilidad y esperamos que esto permita devolverle tranquilidad a los tulueños”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Aunque desde el Gobierno nacional no se precisó plazos del trámite, la orden marca una señal de control institucional y de respaldo a la cooperación judicial internacional, al tiempo que busca contener impactos de seguridad en la región mientras avanza el proceso de extradición.