COLUMNISTAS

No hay “crisis institucional en Colombia”, como dicen en Blu Radio. Tampoco hay “choque de trenes” como afirma el periodista Néstor Morales. Esas tesis tratan de poner en un pie de igualdad a Gustavo Petro con Abelardo de la Espriella. Esa equiparación es abusiva. Petro es un presidente que se ha puesto fuera de la ley al negarse a entregar el poder el 7 de agosto a un presidente legítimo, elegido el 21 de junio pasado.

Si hay crisis institucional ésta tiene un solo origen: Gustavo Petro, el infractor, un jefe de Estado que pretende atornillarse al poder ilegalmente. Si hay “crisis institucional” es él y solo él quien la ha creado.

El enfoque de Blu Radio es absurdo. Esa misma radio describe correctamente la situación: “El procurador general, Gregorio Eljach, y el contralor (e), Carlos Enrique Silgado, ratificaron la legitimidad del triunfo de Abelardo de la Espriella avalado por el CNE [Consejo Nacional Electoral], recordando que el empalme es una obligación legal”.

El otro bando es el que sabotea el empalme y se hunde en la ilegalidad. El ministro petrista Germán Ávila lo dice descaradamente: él escuchará las preguntas del equipo de empalme que dirige el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, y que requiere respuestas del equipo de Petro, pero Ávila no le dará respuestas. El ministerio de Defensa no sabe, por su parte, qué hacer: dice que “ante el bloqueo entregará la información de la transición directamente a la ciudadanía”. ¿Qué quiere decir?

Pudrir la situación política

Eso es lo que está haciendo Gustavo Petro. Pudrir la situación con su cascada de mentiras ineficaces. El presidente saliente no quiere entregar las cuentas del Estado que administró durante estos cuatro años. Quiere ocultar los despilfarros y, sobre todo, los desvíos de enormes sumas del presupuesto nacional hacia obscuros negociados en Colombia, Venezuela y Suecia.

No quiere revelar al equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, la situación, las finanzas y los proyectos, realizados o no, de cada ministerio. No quiere colaborar, como es su deber, con el llamado “empalme”.

Petro, Cepeda y Ávila no quieren que Colombia descubra los montajes que diseñó Petro con sus asesores, conocidos y clandestinos, durante su mandato para destruir la democracia e imponerles a los colombianos un régimen socialista de exclusión, de hambre y barbarie y para que la riqueza nacional termine en manos de gente del aparato M-19 y de los jefes del llamado Pacto Histórico.

En estos instantes, el presidente Petro está haciendo todo lo que le pasa por la cabeza para despistar a la prensa y evitar el relevo presidencial. Quiere robarse la elección una vez más, pues los montajes que había comenzado a estructurar desde 2023 en ese sentido fracasaron estrepitosamente en mayo/junio de 2026. El expediente del voto-fusil (ya han contabilizado 56 mil votos por Cepeda sin votos diferentes en las urnas de regiones y municipios intimidados por las narco-guerrillas) y de las disparidades regionales entre la primera y la segunda vuelta deben ser explorados en su totalidad.

Petro trata de confundir a las mayorías con mensajes contradictorios. Un día dice que entregará el poder el 6 de agosto a medianoche, no el 7 pues eso sería “inconstitucional”, y unas horas después dice que no entregará el poder a Abelardo de la Espriella pues quien ganó la presidencia fue Iván Cepeda, un agente de influencia de las FARC e impopular senador comunista.

Instigadores al margen de la ley

Petro no está llamado a decidir quién ganó o perdió la presidencia el 21 de junio. Esa decisión recae en manos de los magistrados del CNE y de la Registraduría. Estos le entregaron ya la credencial de nuevo presidente a Abelardo de la Espriella.

Petro usurpa las funciones del CNE y pretende usurpar el derecho de Abelardo de la Espriella a ser el nuevo jefe de Estado. Esa maniobra constituye un golpe de Estado y pone a su instigador al margen de la ley. Usurpar es “apoderarse de un derecho que legítimamente pertenece a otro, generalmente con violencia o intimidación (Santillana).

Gustavo Petro, inventor y beneficiario del “pacto de la Picota”, no da detalles de su plan golpista. La revista Semana dice haber recibido una información sobre un capítulo del plan: capturar, por agentes de la Fiscal Luz Adriana Camargo, al expresidente Álvaro Uribe y convertirlo en rehén para que Petro “negocie” con De la Espriella la no extradición a Estados Unidos (la OFAC sigue investigando a Petro sobre sus negocios obscuros con el grupo de Euclides Torres) y para impedir que la JEP sea desmantelada.

Iván Cepeda y su “desobediencia civil pacífica” hace parte del golpe de Estado en preparación. Lo de la “desobediencia civil pacífica” es un embuste. Cepeda no es un Gandhi. No hay vía más violenta que la desobediencia civil concebida por un jefe comunista: saqueos, bandidos armados en cada esquina, redadas contra los luchadores de la libertad y del anticomunismo, asesinatos en las calles y en los domicilios, asaltos de los centros neurálgicos del país, si se les da respiro. Hay también destrucción de archivos oficiales, como hizo la Stasi cuando cayó el gobierno de la RDA. ¿Hay eso mismo en los ministerios y en la Casa de Nariño?

El aspecto más grotesco del plan para congelar los actos del 7 de agosto es conocido. Uno de los turiferarios de Petro, Luis Guillermo Pérez, pide al Consejo de Estado que suspenda la ciudadanía colombiana de Abelardo de la Espriella, y que las autoridades anulen la elección del presidente electo. Alega que De la Espriella tiene la doble nacionalidad colombiana y estadounidense. Es una jugada de mala fe: Pérez sabe que la Constitución de Colombia es clara al respecto: exige que para ser presidente de la república se requiere “ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 anos” (artículo 191 CN). La doble nacionalidad no es obstáculo a la adquisición de esa calidad.

Tomar la iniciativa

Tales peripecias generan un amplio repudio en la población. La prensa cuenta que los bancos y las empresas “rechazan el desconocimiento de los resultados electorales“ y le dan “la espalda a Gustavo Petro” y defienden la legitimidad de Abelardo de la Espriella.

La senadora María Fernanda Cabal, la periodista Vicky Dávila y otras personalidades, estiman que detrás de todo ese jaleo Petro está preparando un golpe de Estado y han llamado a rodear al presidente electo y al expresidente Uribe y acusan a Gustavo Petro de estar preparando un “criminal plan contra la democracia de este país” para no responder ante la justicia.

En ese contexto peligroso no queda otra salida que organizar inmensas concentraciones en todas las ciudades de Colombia y en ciudades del exterior, antes del 20 de julio, para mostrar fuerza y unidad contra los dañinos objetivos de Petro y Cepeda. Las fuerzas que llamaron a votar y que apoyan el programa de ¡Firmes por la Patria! deben hacer parte del comando de la gran movilización, con ayuda de los reservistas de las Fuerzas Armadas y de Policía.

Recordemos que Colombia ya venció un sangriento golpe de Estado comunista el 9 de abril de 1948, que venció otro no menos bestial el 6 y 7 de noviembre de 1985 y que acaba de quebrar en las urnas las pretensiones continuistas de Gustavo Petro.  Tengamos en cuenta que el 4 de febrero de 2008, las enormes manifestaciones anti-Farc, en 45 ciudades de Colombia y 125 en el extranjero, abrieron el camino para la derrota del 1 de marzo de aquellas en Ecuador y al 2 de julio de ese año: la Operación Jaque, comienzo del fin de las Farc de Timochenko.

La libertad se conquista y se defiende “por todos los medios posibles” (“by any means necessary”). Tal fue la noción que guió a los ejércitos libertadores de las 13 colonias de la América inglesa en 1775, que guiará a los libertadores de América del sur, Miranda, Nariño, Bolívar, Santander y San Martín, entre 1810 y 1822.

Los desafíos que encuentra hoy Colombia vuelven a ser de alcance histórico. No podemos fallar.