COLUMNISTAS

A lo largo de la historia, ha habido muchos casos de lideres políticos, activistas y figuras publicas que han sido perseguidos judicialmente por razones políticas.

Unos de ellos de renombre mundial fue el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica. El señor Mandela fue condenado a cadena perpetua en 1.964 por supuestos delitos contra su pais, cuando estaba bajo el régimen del apartheid, sistema de segregación racial institucionalizado por unas minorías blancas desde 1.948 hasta 1.990, y bajo ese régimen, la población negra fue excluida arbitrariamente de derechos fundamentales y discriminados, solo por ser de raza negra. Nelson Mandela libre, fue candidato a la presidencia en 1994, elegido como el primer presidente de raza negra, convirtiéndose en un icono de la lucha por la libertad.

Otro caso muy famoso fue el del Capitán Alfred Dreyfus en 1.894, en Francia, a quien lo acusaron falsamente de traición y fue condenado a cadena perpetua. Años después, se demostró que el proceso estuvo manipulado por razones políticas.

En Colombia, no podemos aceptar que algo parecido le ocurra al presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy víctima de la más insana persecución política y judicial por odios de enemigos gratuitos.

Personalmente tengo una opinión muy fuerte sobre el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por las actuaciones irregulares de la fiscalía y la jueza en el caso. Percibo, como millones de compatriotas, una absoluta falta de garantías y un sesgo en contra del ilustre exmandatario, y lo veo como una persecución política sin precedentes.

Los demócratas debemos exigir que la justicia, en este caso, y en todos, opere con transparencia, independencia y total apego a la ley para garantizar credibilidad en sus decisiones.

Lo que vimos en la audiencia anterior, fue a unos testigos huidizos de cara a la fiscal y al pupitre en donde se encontraba el demandante, Iván Cepeda y su abogado, quienes le hacían señas con los dedos al testigo, el confeso paramilitar Juan Guillermo Monsalve condenado a 40 años de prisión por distintos crímenes, y luego, a su compañera, cuando de forma por demás delictiva ella tapo, por varios minutos, la cámara que la mostraba en su posición negativa a las preguntas que le formulo el defensor Dr Jaime Granados , quien en repetidas oportunidades presento mociones ante la jueza para que ordenara corregir el asalto jurídico, permitido y tolerado por la fiscal del caso. En mi profunda convicción de las evidencias sobre las irregularidades, considero necesario que los colombianos exijamos la anulación del caso, o en su defecto, acudamos ante instancias internacionales para garantizar un proceso justo, y el respeto al debido proceso.

Pero para llegar allá, se necesita que el sistema judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia intervenga, exigir, a tiempo, la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alto tribunal conocedor, como todas las demás instancias internacionales, de los presuntos delitos de prevaricato por acción, abuso de autoridad, fraude procesal, entre otros delitos, y del papel que están jugando algunos fiscales y jueces de la república, en el caso del Dr Álvaro Uribe Vélez.