AGRONOTAS, JUSTICIA

El proceso por el homicidio del ganadero sucreño Esteban Urueta y sus trabajadores Gerardo de los Santos Marzola y Fredys Manuel Beleño Acosta volvió a suspenderse.

Las familias denuncian una estrategia de dilaciones que perpetúa la impunidad.

¿Sindicados autores materiales lograrán burlarse de la justicia?

Valledupar, 31 de agosto de 2025. La justicia volvió a fallarles a las familias del ganadero Esteban Urueta González y de sus trabajadores, Gerardo de los Santos Marzola y Fredys Manuel Beleño Acosta. La audiencia preparatoria de juicio, programada para el 29 de agosto a las 9:00 de la mañana, fue aplazada, dejando a los deudos en la incertidumbre de un proceso que parece no avanzar.

Los acusados, Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, enfrentan cargos por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y destrucción de elementos materiales probatorios. La Fiscalía los señala como responsables directos del crimen cometido en 2023, cuando las víctimas fueron asesinadas y enterradas en una fosa en el municipio de Chimá, Córdoba, un hallazgo que conmocionó a toda la región Caribe por la sevicia con que se ejecutó.

Siguiendo el hilo de la estrategia patentada desde el momento mismo del crimen y la asunción de la defensa, el abogado Lesmer Quintero Argel, volvió a solicitar aplazamiento, alegando que debía asistir a otra diligencia judicial, petición que fue aceptada por el juez de conocimiento, quien reprogramó la diligencia para el próximo 3 de octubre a la misma hora.

Para los familiares de Esteban Urueta esta decisión constituye una burla, pues no es la primera vez que la estrategia de la defensa se impone sobre el clamor de justicia, reviviendo un debate de fondo y reiterado en la opinión pública nacional: ¿hasta dónde llegan las garantías procesales sin que se vulneren los derechos de las víctimas?

Analistas observan que si bien el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) protege el derecho a la defensa como principio esencial, también reconoce el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación, asimismo, advierte que, cuando las suspensiones se acumulan por causas atribuibles a los acusados, como ocurre en este caso, el equilibrio se rompe.

Para los observadores del caso, la reiterada aceptación de estas solicitudes configura un exceso de garantías que, lejos de proteger el debido proceso, fortalece la percepción de impunidad, poniendo sobre el tapete la revictimización, en el entendido de que las familias deben enfrentarse a la espera eterna, mientras los presuntos responsables ganan tiempo y el proceso se diluye en el calendario judicial.

El triple homicidio de Esteban Urueta y sus trabajadores no es un hecho aislado, sino que está vinculado a una red criminal de abigeato que habría hurtado centenares de reses, afectando no solo a la familia del ganadero, sino al sector productivo en Sucre y Córdoba.  Familiares, amigos y los más de 700.000 productores agremiados en la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) esperan que el próximo 3 de octubre la justicia se sacuda de la inercia y avance firme contra la impunidad que los acompaña desde el hallazgo de la fosa en Chimá.

Sobre este caso que estremeció a los cordobeses y a los ganaderos colombianos, la senadora María Fernanda Cabal expresó repudio por el crimen de Esteban Urueta y sus trabajadores, al tiempo que criticó el exceso de garantías para los señalados autores materiales, pero la falta de justicia para las familias de las víctimas.

«No podemos seguir viendo cómo las víctimas están de rodillas frente a la justicia y los victimarios se burlan recibiendo todas las garantías. Eso no puede seguir sucediendo en Colombia. Necesitamos una justicia que proteja al ciudadano de bien y sea dura con los criminales», sostuvo la también precandidata presidencial del Centro Democrático.