COLUMNISTAS

En Colombia, el realismo mágico dejó de ser literatura hace rato. Hoy es política pública. Y en ese universo paralelo donde la narrativa pesa más que la técnica, el presidente Gustavo Petro enfrenta una prueba que no es ideológica sino institucional: ¿acatará realmente el fallo del Consejo de Estado o seguirá gobernando a punta de decretos con vocación electoral?

El episodio del salario mínimo no es menor. Es, en esencia, una radiografía del momento político y económico del país. Un incremento del 23,7 %, vendido como conquista social, terminó convertido en un pulso entre el Ejecutivo y la justicia. Y no por capricho. El alto tribunal dejó en claro que la medida carecía de sustento técnico suficiente y decidió suspender el decreto inicial, ordenando al Gobierno expedir uno nuevo con base en criterios legales.

Hasta ahí, el funcionamiento normal de los contrapesos. Pero en Colombia lo normal dura poco. El Gobierno respondió… pero no rectificó. Expidió un nuevo decreto manteniendo exactamente el mismo incremento, ahora maquillado con estudios técnicos de última hora.  Es decir, cumplió en la forma, pero desafió en el fondo. Una jugada que muchos califican como “acatar sin obedecer”, una vieja práctica colonial reciclada en clave progresista.

La pregunta de fondo no es jurídica, es política: ¿se respetan las decisiones judiciales o se reinterpretan según la conveniencia narrativa del momento?

Porque lo que está en juego no es solo el salario mínimo. Es la credibilidad del Estado. Cuando el Consejo de Estado ratifica la suspensión del decreto original y reitera que el aumento debe basarse en criterios como productividad, inflación y sostenibilidad fiscal, está enviando un mensaje claro: gobernar no es improvisar.

Pero el discurso oficial parece ir por otro camino. Para el Gobierno, cualquier cuestionamiento técnico se convierte en una conspiración, cualquier fallo adverso en una persecución, y cualquier crítica en un ataque de “las élites”. El problema es que esa narrativa, útil en campaña, se vuelve peligrosa en el ejercicio del poder.

El incremento del salario mínimo, lejos de ser un acto de justicia social incuestionable, ha tenido efectos colaterales que ya empiezan a sentirse. Economistas advierten sobre presiones inflacionarias, impacto en el empleo formal y aumento de costos para pequeñas y medianas empresas.  Pero esos argumentos parecen no tener cabida en un gobierno que privilegia el aplauso inmediato sobre la sostenibilidad a largo plazo.

Y aquí es donde aparece el verdadero trasfondo: estamos en modo campaña.

No es coincidencia que una de las decisiones económicas más agresivas de los últimos años se haya tomado en la antesala de un ciclo electoral. No es casualidad que el discurso alrededor del salario mínimo esté cargado de épica social. Y tampoco es casualidad que cualquier intento de control institucional sea presentado como un obstáculo para “el cambio”.

La política, cuando se vuelve espectáculo, necesita villanos. Y en este caso, el Consejo de Estado ha sido convenientemente ubicado en ese papel.

Pero hay un problema: en democracia, los jueces no son antagonistas. Son límites.

El riesgo de este episodio no está solo en el porcentaje del salario mínimo, sino en el precedente que deja. Si el Ejecutivo puede reinterpretar fallos, bordear decisiones judiciales y sostener medidas cuestionadas bajo una narrativa política, entonces el equilibrio de poderes empieza a erosionarse.

Y eso sí es grave. Porque hoy es el salario mínimo. Mañana puede ser cualquier otra decisión estructural.

Colombia no necesita decretos heroicos ni discursos encendidos. Necesita reglas claras, instituciones fuertes y gobernantes que entiendan que el poder no es absoluto. Que hay límites. Que hay normas. Y que cumplirlas no es una opción, es una obligación.

La expectativa, entonces, sigue en el aire: ¿veremos a un presidente que respeta plenamente el Estado de derecho o a uno que lo adapta a su conveniencia?

En Macondo, las leyes eran flexibles y la realidad se moldeaba al relato. En Colombia, aún estamos a tiempo de decidir si queremos seguir ese camino… o volver a la sensatez.