COLUMNISTAS

Advierto desde ya, que no soy ni he sido integrante del Partido MIRA (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta), ni de la Iglesia  Ministerial de Jesucristo Internacional, pero no por ello me permite inhibirme para reconocer hechos históricos que pasan inadvertidos la mayor de las veces, e imperioso recordar o informar lo acaecido y dejó huella, en este momento histórico tras haber finalizado la primera parte de los conteos electorales para la conformación del Congreso de la República.

Causa estupor tantas mentiras que vienen y van, divulgadas en diferentes medios de comunicación, como plataforma para desinformar, para agredir, para cautivar a esa población que no le interesa o no puede ahondar sobre las verdades a medias que son mentiras, pero con su disfraz de integridad moral que, hacen mayor daño o las mentiras abiertas y descaradas o, aquello que se conoce como las “publicidad negra”.   Preocupante, demasiado en estos tiempos, porque es el abono facilitador de cualquier fraude, pero posible determinar a quienes pertenecen esta clase de estrategias, que no ayudan al país para nada y en cambio sí polarizan, generan más descontento y sobre todo esa sensación de impotencia desde la civilidad.

Preocupa a quien realiza maniobras mentales apelando a la lógica, los cambios bruscos de guarismos electorales, que favorecen solo y únicamente a un grupo político, en un cambio de curules que solo beneficia a un partido. Aparecen como por arte de magia cifras, desconociendo que en este país hay muchos empíricos en Derecho Electoral y algunos pocos con formación académica y práctica en esta materia, reconociendo sin duda desde hace varios lustros, que el único partido que ha demostrado el rigor como organización es el MIRA, desde las mesas de votación a través de los testigos electorales debidamente instruidos y disciplinados. Como testigo de excepción observé en el Consejo Nacional Electoral, en calidad de garante como Procuradora Delegada, en dos elecciones para Congreso, la actividad juiciosa y disciplinada de sus gentes para solicitar abrir específicamente los grandes sobres provenientes de todo el país y después concretamente los de las mesas en donde se habían generado los errores ostensibles. Arribaban las gentes de este movimiento a las instalaciones del CNE debidamente documentados y apoyados logísticamente con los alimentos y bebidas a consumir, que colocaban cuidadosamente en los sitios para los deshechos, dejando en absoluto aseo y orden los sitios destinados para tales menesteres, al mejor estilo de los turistas japoneses. Cada detalle desde lo logístico hasta intervenciones legales cuidadosamente planeado.

Por lo anterior, apelando a la memoria que no permite el olvido, recuerdo como advertían irregularidades, sin entrar en discusiones vanas o intentos  bochornosos de agresión incluso física que se advertía en representantes debidamente reconocidos de otros partidos, que se escudaban en la violencia como careta para que pasara inadvertida su propia ignorancia en un tema un  tanto difícil, de tanta meticulosidad como lo es el Derecho Electoral, que a su vez es uno de los más vulnerados en países permeados por la corrupción.

Haré referencia por tanto a las elecciones adelantadas en el año 2014. Acudir al Consejo Nacional Electoral en calidad de garante, en largas jornadas diarias hasta avanzadas horas de la noche que incluían sábado y festivos resultó ser la más concentrada especialización en Derecho Electoral y conocer en vivo y directo toda suerte de manipulaciones desde las mesas donde se ejerce el derecho democrático del voto por el constituyente primario. Las manipulaciones se observaban sin duda alguna. El Partido MIRA por entonces apeló a normas legales con conocimiento ilustrado y a partir de las pruebas que habían logrado demostrar existían, que les negaban tres curules en el Senado. Acudiendo a ese apoyo de la memoria que se llama Mr. Google, en el cuerpo colegiado antes mencionado les negaron las credenciales para ejercer como senadores a Gloría Stella Díaz, Manuel Virgüez y Carlos Alberto Baena, para el nefasto periodo 2014-2018. Ni siquiera una tutela que ordenaba el recuento de los votos, cumplió el objetivo constitucional, porque no solo se estaba propiciando un fraude total, sino además facilitando maniobras políticas. La demanda por las irregularidades ostensibles, donde se evidenciaron manejos inescrupulosos del software, se presentó ante el Consejo de Estado, dentro de la oportunidad legal, pero esta corporación tardó casi todo el periodo legislativo mencionado y en sus estertores reconoció la legitimidad del derecho a ser elegidos a los referidos ciudadanos y el menoscabo efectuado a un Partido, quienes no ejercieron el derecho a ser indemnizados aplicando la cláusula de responsabilidad del Estado, en consideración al daño causado, argumentando que al final esa indemnización saldría de los bolsillos de los colombianos.

La justicia tardía no es justicia, además de ser peor cuando no se ordenan actuaciones inmediatas de carácter obligatorio o se generan pedagogías inapropiadas. Dice el adagio popular “después del ojo afuera no vale Santa Lucía”, pues se había cumplido el cometido planificado para las conversaciones de la Habana. Le restituyeron el derecho a asistir al Congreso de la República a cuatro alfiles importantísimos, que, por su formación ideológica y disciplinada, se opondrían a toda la parafernalia advertida por el entonces Procurador General Alejandro Ordoñez, a quien el tiempo se encargó de darle la razón y la burla al referendo fue real, pero al cual se “le hizo conejo”.

El fallo de asunto electoral de única instancia que reconoce la investidura negada por el CNE, de 319 folios, originado en la Sección Quinta del Consejo salé para producir efectos jurídicos el 8 de febrero de 2018. Ya la suerte del país estaba echada y concluida. Allí pone de manifiesto la Magistrada Ponente la realidad de una serie de maniobras y manifiesta textualmente  sobre el Software Cliente “Si pudo ser materia de modificación, alteración, destrucción del sistema o de los datos, lo que necesariamente implica la intromisión en el software que deviene generalmente en la irregularidad del sabotaje…” y tras enlistar las conductas específica concluye: “Tal categorización permite identificar el tipo de conductas que atentan contra la información suministrada por los programas o software de los que se vale la organización electoral para cumplir con sus altos cometidos constitucionales”. Pero además de la lectura de la sentencia, se determina que a la Fiscalía no le fue suministrado el software referido, más debidamente identificado, por lo que el dictamen no pudo ser totalmente completo. De todo lo anterior, a ojo de buen cubero, para los conocedores del Derecho Penal, se vislumbran varios tipos penales o conductas delincuenciales, pero el Consejo de Estado, omitió el deber de denunciar en cabeza de la ponente, según al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué?. Sin duda el sabor agridulce se aumenta al reparar en todo lo narrado a lo largo de este escrito. Eso sí, dedicó unos párrafos para indicar que la acción de tutela no era el medio idóneo que había utilizado el Partido MIRA, desconociendo la Consejera de Estado, algo que se denomina “perjuicio irremediable”, que evidentemente se concretó, lo cual sin duda alguna es un método de pedagogía fatal para la democracia, sobre todo para aquellos que utilizan la fuerza de la ley y no de los hechos violentos.

Esto anterior es útil recordarlo, porque vamos por el mismo camino. Se había advertido el peligro de manipulación a través del software por personas que advirtieron las visitas a los dueños del programa en España por varios personajes, entre ellos el Registrador Nacional y un candidato. Si señores, es un hecho a la vista de todos los colombianos, frente a los cual los eternos vociferantes callan, porque son sus artífices favorecidos, en tanto que la derecha se queja por las redes y permanecen dormidas en acciones legales. En dos procesos electorales, hice también presencia como Procuradora en Barranquilla y conocí de toda la logística de alimentación de datos de los formularios electorales, por personal apostado en salones frente a equipos, digitando toda la información. Desde esa actividad se concretan muchas manipulaciones por aquellos que son los proveedores del software y no se trata de películas de ciencia ficción, son lamentablemente verdades crudas.

Por último recordar lo que ordenó el Consejo en Estado en esa histórica decisión del fallo referido y que textualmente dice: “DÉCIMO TERCERO.- Conminar a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección, además realice los trámites para designar el personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado que se requiera, para la vigilancia y control del aplicativo a utilizar”. Esto causa terror absoluto, la Registraduría jamás cumplió la orden y en cambio contrata a una empresa española cuestionada. Fue una decisión para enmarcar, un canto a la bandera como coloquialmente se dice, frente a sentencias y órdenes de las altas cortes.

“Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”.