COLUMNISTAS

Cómo ha sido una perversa costumbre, por muchos años en Colombia cada que se genera una calamidad o una situación grave que puede afectar a los colombianos se definen acciones encaminadas a mitigarlas y atenderlas, destinando para ello importantes sumas del erario. De manera simultánea, como aves de rapiña, politiqueros y funcionarios corruptos desatan su accionar para aprovechar las circunstancias generadas y hacer de las suyas con todo tipo de vericuetos tendientes a obtener ganancias importantes en la contratación; aprovechando la posibilidad de hacerlo de manera directa, es decir, sin procesos de licitación que hacen el actuar de los corruptos un poco mas complicado. Aclaro que no es que solamente se den procesos de corrupción en estas circunstancias especiales, es un fenómeno que desgraciadamente persiste a lo largo de los años y es de lejos el peor flagelo de Colombia; es que en épocas de emergencia se desatan de manera exagerada.

Desde que tengo uso de razón se habla del tema, con la avalancha de Armero (yo era joven) se dijo de la cantidad de damnificados que quedaron (pese a que la mayor parte de los habitantes fallecieron) ya que muchos de otras regiones aprovecharon. La crisis y emergencia generada por el COVID 19 no ha sido la excepción. Se ha conocido en medios de comunicación y redes sociales denuncias de importantes sobrecostos en la contratación de elementos de prevención, quirúrgicos, mercados, apoyos logísticos, etcétera, por parte de algunos gobiernos locales e incluso se mencionó también al área de Gestión de Riesgo de la Presidencia. El elemento común de las denuncias ha sido sobre precios, adquisición de elementos innecesarios, cuestionamiento por contratación de personas e incluso la contratación por miles de millones de encuestas y campañas de publicidad en medios de comunicación, algo a todas luces innecesario, tal como en el caso de la Alcaldía de Bogotá.

A raíz de estas denuncias hace una semana larga hubo rueda de prensa conjunta entre el Fiscal General de la Nación, el Procurador y el Contralor; quienes anunciaban la apertura de una serie de investigaciones por estos temas de contratación con el fin de determinar posibles actos de corrupción y tomar las medidas penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar. En primer lugar, destaco este tipo de acciones conjuntas, transmiten un mensaje de intención para atacar este flagelo que por años ha afectado las finanzas públicas del país. En segundo lugar, considero que deben avanzar rápidamente las investigaciones; la corrupción es un fenómeno que indigna al país y que genera estragos en las finanzas publicas (recordemos que en el gobierno de Juan Manuel Santos se llegó a niveles históricos de hasta $20 Billones, si billones, por año; hoy no hay nadie preso por esos casos).

Me llama la atención que el Procurador General de la nación (tristemente recordado por su papel como Ministro de Justicia del gobierno Gaviria que facilitó la fuga de Pablo Escobar) funja ahora como adalid de la lucha contra la corrupción, cuando durante el gobierno del señor Juan Manuel Santos (quien lo hizo nombrar) guardó silencio cómplice a tanto cuestionamiento en la contratación de la Presidencia en todos los niveles o por ejemplo con el destino de los dineros de la venta de ISAGEN, por solo nombrar uno de los casos más sonados.

Lo que Colombia espera es que las cabezas de los principales entes de control hagan menos  anuncios de apertura de investigaciones y más bien rápidamente generen medidas de aseguramiento, fallos disciplinarios y fiscales sustentados en investigaciones serias, con pruebas contundentes e irrefutables para que los jueces de la República dicten sanciones ejemplares en contra de los verdaderos responsables de este cáncer de Colombia: Los corruptos que desangran a la nación constantemente. Señores Fiscal, Procurador y Contralor más hechos contundentes; menos retórica y más penas severas, simultáneamente la recuperación de los dineros fruto de la corrupción. Es hora de hechos concretos en contra del peor de los canceres que tiene el país: Los corruptos de todos los niveles, en especial los más grandes toda la vida impunes y millonarios.

EL COLMO 1: Hace 18 años narcoterroristas FARC dejaron 119 muertos y 98 heridos en Bojayá (en su mayoría menores y ancianos); un Crimen de Lesa Humanidad que gracias al narco acuerdo de La Habana quien lo ordenó, el terrorista Benkos Biohó y sus jefes, están impunes y además de congresistas. Lo grave es que en la mayoría de medios de comunicación, tan proclives a la izquierda, no se haya mencionado el tema con la contundencia que merece, mucho menos exigieron que los responsables paguen proporcionalmente a los crímenes cometidos. NO HAY DERECHO.

EL COLMO 2: Las pobres viejecitas FARC, sin nadita de dinero para reparar a las víctimas ni para pagar su defensa, reciben apoyo de la JEP por $ 4.930 millones para pagar sus abogados. Además de impunidad garantizada pagan los abogados con cargo al erario. Aun así hay quienes dudan que ese es un tribunal creado por las propias FARC para su impunidad total. NO HAY DERECHO.