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Barranquilla, 10 de enero de 2018.- En el Consejo Permanente con 19 votos de países representados en la OEA, a favor, 6 en contra, 8 abstenciones, y la ausencia de un representante, se aprobó resolución de la Organización de Estados Americanos, en la que no se reconoce legitimidad en el periodo de Maduro, “acuerda no reconocer la legitimidad del nuevo período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”, y urgen a todos lo estados miembros a actuar y optar las medidas económicas políticas que conlleven a la restauración de la democracia en Venezuela.

Señala el documento que “la Asamblea General declaró que el proceso electoral realizado en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos de Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales y por haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”, por lo que la elección de Nicolás Maduro es el resultado de un proceso electoral ilegítimo,.

En esta misma resolución, promovida por los Estados Unidos, pide la OEA, elecciones libres transparentes justas y democráticas en el vecino país, además de pedir implementar medidas contra la crisis sanitaria y alimentaria, para lo que piden además un canal humanitario, al tiempo que exigen liberar a los presos políticos y enfatizan en la autoridad constitucional en cabeza de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Por su parte el Secretario General de la OEA, Luis Almagro recordó que la soberanía de Venezuela está en el pueblo y Nicolás Maduro NO es su presidente. El hemisferio occidental habló claro hoy en OEA, desconociendo el ilegítimo régimen del dictador”.

La resolución liderada por los Estados Unidos, contó con los votos de Chile, Canadá, Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití y Honduras. Votaron en contra de la resolución, Bolivía, Venezuela, Surinam, Dominica, México, Uruguay, y Ecuador, Belice y El Salvador.

El documento textualmente señala que:

REITERANDO SU PROFUNDA PREOCUPACION en relación con el empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela resultante del quiebre del orden democrático y de serias violaciones a los derechos humanos en dicho país, así como la negligencia del gobierno de Venezuela de alcanzar los estándares interamericanos básicos en materia de derechos humanos y democracia,

RECONOCIENDO que, en consecuencia, un número significativo de venezolanos está siendo forzado a huir del país, en razón de que no han sido cubiertas sus necesidades básicas,

REITERANDO su seria preocupación por el colapso del sistema de salud de Venezuela, que ha llevado a la reaparición de enfermedades infecciosas previamente erradicadas en Venezuela, así como en países fronterizos y en la región.

OBSERVANDO que el éxodo de venezolanos está teniendo un impacto en la capacidad de los países de la región para cubrir sus necesidades básicas y plantea desafíos a la salud pública y la seguridad,

TOMANDO NOTA al respecto, de la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, del 4 de septiembre de 2018, y su Plan de Acción, adoptado el 23 de noviembre de 2018.

CONDENANDO con la mayor firmeza las detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso y las violaciones a los derechos humanos de prisioneros políticos por parte del gobierno de Venezuela,

ENFATIZANDO que el Consejo Permanente y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se mantienen dispuestos a llevar a cabo iniciativas diplomáticas, incluyendo los buenos oficios, destinados a promover el diálogo en Venezuela con miras a arribar a una solución política de la crisis en dicho país,

RESUELVE:

No reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019,

Reafirmar que, solo a través de un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país.

Urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los Observadores Permanentes de la OEA, a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela,

Hacer un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales,

Invitar a los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes a implementar medidas para atender la crisis humanitaria en Venezuela y en los Estados afectados, mediante el apoyo a las organizaciones internacionales y regionales apropiadas,

Urgir al régimen venezolano que permita el inmediato ingreso de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, incluyendo vigilancia epidemiológica para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública, particularmente para evitar la reaparición y propagación de enfermedades,

Exigir la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos,

Expresar la activa solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso de mantener bajo seguimiento la situación en Venezuela y apoyar medidas diplomáticas que faciliten la restauración de las instituciones democráticas y el pleno respeto a los derechos humanos,

Instruir al Secretario General para que transmita el texto de la presente Resolución al Secretario General de las Naciones Unidas.