COLUMNISTAS

La corrupción es, no cabe duda, una lacra que parece haber dejado de ser coyuntural y ha devenido estructural en el Estado colombiano. Como un cáncer que todo lo invade, las acusaciones se extienden del Gobierno central a los departamentales y municipales, del Congreso a las asambleas y concejos y, ahora, de la Fiscalía a las más altas cortes. Tres ex presidentes de la Corte Suprema están involucrados en escándalos y hay sospechas sobre varios de sus actuales magistrados y sobre algunos del Consejo de Estado. Muy mal anda la cosa cuando la sal se corrompe.

La cosa viene de antaño, es verdad, pero nunca ha sido tan grave como ahora. Si antes se probó el ingreso de narcodólares a la campaña de Samper, ahora no hay duda de que a la de Santos entraron muchos más y que, aún más grave, a cambio se pactó la supuesta “ampliación” de la Ruta del Sol II que, en realidad, no era una extensión de la vía existente sino una completamente nueva, que la atraviesa y llega, vea usted las coincidencias, a predios de la familia de la pareja de la que fuera entonces Ministra de Obras Públicas. Son anchísimas las espaldas del Presidente de la República, pero más temprano que tarde las nubes negras que ahora posan sobre su cabeza se desatarán en una feroz tormenta.

La lucha contra la corrupción exige medidas en tres niveles. Unas, estructurales y normativas, otras relacionadas con la política y, por último, pero aún más importantes, culturales.

El primer paquete supone modificar las normas de contratación pública para hacer de la contratación directa una verdadera excepción. Hoy en los departamentos y municipios se adjudican a dedo el 82% de los contratos. Si se agrega el gobierno central, el porcentaje solo baja al 70%. Además, para acabar la contratación de sastrería, a la medida del funcionario que adjudica y del compinche que está al otro lado, es indispensable la construcción de pliegos “tipo” que la impidan. Y, aún más importante, hay que migrar tan aceleradamente como sea posible al gobierno y la contratación en línea, como ha ocurrido en los países bálticos. Hace diez años era técnicamente muy difícil y costoso. Hoy los blockchains lo hacen posible y mucho más barato, y permiten un seguimiento y control inmediato y permanente, todo el tiempo, sobre la gestión gubernamental y el desarrollo contractual. El fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y el establecimiento de estímulos económicos cuando consigan rescatar dineros públicos, ayudará mucho en la tarea de monitoreo de la contratación pública.

Hay que depurar las contralorías departamentales y municipales, clientelistas y burocratizadas y, al mismo tiempo, fortalecer la Contraloría General de la Nación, eligiendo su cúpula por meritocracia y sin consideración alguna a sus simpatías políticas.

Finalmente hay que tomar medidas legales: una, regular el cabildeo. El lobby es inevitable, pero hay que definir con claridad las reglas para hacerlo. Dos, hoy una persona condenada por corrupción no puede aspirar a cargos de elección popular. Esa prohibición debería extenderse a que su traición a la confianza de la sociedad traiga como consecuencia que no pueda ser nombrada en ningún cargo público. Tres, debe prohibirse que los corruptos y las sociedades de las que hagan parte contraten con el Estado. Cuatro, deben limitarse los beneficios penales para los corruptos para que, por ejemplo, estén obligados a cumplir su pena en la cárcel y no puedan cumplirla en sus domicilios. Y, quinto, hay que dotar al Estado de mejores dientes para perseguir los bienes y dineros de los corruptos, donde más les duele.

Un segundo grupo de medidas hace referencia a la política y la corrupción. El problema inicial es el de la financiación de las campañas. Son tan altos los costos que los candidatos se ven tentados a financiarse con contratistas para, después de electos, devolverles el favor a través de contratos que tienen sobrecostos para pagar lo recibido, financiar la próxima campaña y quedarse con una utilidad adicional. Disminuir esos costos es vital y en esa dirección son claves tanto la obligatoriedad de las listas cerradas como topes más bajos a la publicidad que es, de lejos, la mayor erogación de una campaña. Un segundo asunto es el de la gobernabilidad, que hoy se construye entregándoles a los miembros de los cuerpos colegiados pedazos de la torta burocrática del Estado. Las alianzas deben hacerse en torno de ideas, políticas y programas y no de clientelismo y contratos. Finalmente, es fundamental transparentar la relación entre parlamentarios y Presidencia, permitiendo que los congresistas gestionen de manera abierta proyectos y obras para sus regiones, con control ciudadano y de los medios de comunicación, y corrigiendo ese pozo oscuro que son hoy los “cupos indicativos”, fuente inagotable de mermelada y corrupción.

Para terminar, nada de esto será útil si no reconstruimos el tejido ético de la sociedad colombiana y si no le apostamos a retornar a los valores de honestidad, austeridad y discreción que fueron nuestros y que el narcotráfico liquidó. Profundizar sobre ello será objeto de otra reflexión.