La JEP tuvo que adoptar la calificación penal de la Procuraduría sobre los secuestros y crímenes de lesa humanidad y esclavitud por trabajos forzados de las FARC
- JUSTICIA
Barranquilla, 3 de mayo de 2024.- En su decisión de correspondencia frente al macrocaso 001, (toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC, la JEP adoptó la calificación jurídica señalada por la Procuraduría en diferentes escritos, audiencias e intervenciones, y amplió este macrocaso incluyendo los graves crímenes de Lesa Humanidad de esclavitud como resultado de la imposición de trabajos forzados.
La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP ordenó a la Policía Nacional, a la Interpol, a la Dijín y a la Registraduría Nacional que elimine los antecedentes judiciales de 9.600 firmantes de paz de las extintas de Farc que recibieron amnistías.
En el auto la magistratura destacó la labor de contrastación de la información contenida en los expedientes y otros aportes realizados desde la Procuraduría Delegada con Funciones de Coordinación e Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, en las observaciones presentadas frente al caso 01.
La JEP aseguró en su decisión que resolvió acceder a la petición de la Procuraduría en el sentido de que la imposición de trabajos forzados configuró el Crimen de Lesa Humanidad de esclavitud, y que dicho crimen se diferencia del de graves privaciones de la libertad, (secuestro) en que la imposición de trabajos forzados a las víctimas durante su cautiverio corresponde a una “característica del ejercicio del atributo del derecho de propiedad sobre una persona”, tal como lo había reiterado el Ministerio Público en múltiples oportunidades.
La Procuraduría reconoce el trabajo riguroso de la magistratura e informa que una vez divulgada esta decisión, participará a través de su delegada, en representación de las víctimas y la sociedad en general, así como en garantía de la seguridad jurídica de los comparecientes, en la audiencia de verificación de sanciones, que tienen un componente privativo de la libertad de entre 5 y 8 años para cada responsable, además de los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador que deberán cumplir para reparar a las víctimas.
