COLUMNISTAS

En días pasados, escuchamos al ministro de Gobierno, Armando Benedetti, afirmar con vehemencia: “La Consulta va porque va”. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, repitió el mensaje en cada espacio donde participó. El Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro no solo reiteró esta idea, sino que añadió una amenaza: si el Senado no aprueba la consulta popular, la convocará por decreto. En las últimas dos semanas, he abordado la composición de la Corte Constitucional y la posible injerencia del Ejecutivo al formar un bloque de magistrados que le asegure mayorías en esta institución, encargada de proteger la Constitución.

El 16 de Mayo, la magistrada Cristiana Pardo S, termina su periodo. La terna para reemplazarla, presentada por el presidente Petro, está conformada por Karena Casallas, Didima Rico y Héctor Carvajal. Todo indica que el Senado elegiría a Carvajal, quien defiende a Petro ante el Consejo Nacional Electoral por presunta violación de topes electorales. Aunque Carvajal ha trabajado para Álvaro Uribe, esto no lo convierte automáticamente en candidato de su partido. La terna es de Petro, y el Senado debe elegir con base en la imparcialidad, formación académica y experiencia profesional de los candidatos, no en sus vínculos ideológicos con el Ejecutivo.

El Senado tiene dos opciones: aceptar la terna si cumple los requisitos de idoneidad o devolverla si considera que alguno de los candidatos no los satisface. Si se elige a Carvajal, el gobierno podría contar con tres votos seguros en la Corte Constitucional para validar sus actos jurídicos. Imaginemos un escenario donde Petro, apoyado en esta mayoría, convoque la consulta popular por decreto. La Corte, encargada del control de constitucionalidad, podría respaldarlo, interpretando de forma extensiva la “democracia participativa” de la Constitución de 1991 (artículos 1, 40 y 103). Esto, sumado a la costumbre de la Corte de “modular” fallos en decisiones clave, plantea un riesgo para el equilibrio institucional.

El tema de la consulta popular, rechazado ya por el Senado, sigue vivo. Petro insiste en presentarla nuevamente, ahora incluyendo preguntas sobre la reforma a la salud. Conociendo su forma de actuar, es probable que busque esta vía, confiado en las mayorías que podría lograr en una Corte Constitucional con una composición ideológica favorable. El Senado debe ejercer su facultad de devolver la terna tantas veces como sea necesario, priorizando magistrados que garanticen decisiones equilibradas y ajustadas al orden constitucional, no alineadas con la ideología del gobierno.

No podemos permitir que la “democracia participativa”, a la que Petro recurre constantemente, se convierta en un dique ideológico que desconozca la institucionalidad del Estado. La Corte Constitucional debe ser un garante de la Constitución, no un instrumento de mayorías al servicio del Ejecutivo. El Senado tiene en sus manos la responsabilidad de elegir con sensatez, asegurando que la justicia prevalezca sobre la política.

@lacoutu