Barranquilla, 29 de diciembre de 2022.- La Procuraduría General de la Nación insistió este jueves en  que la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá no tenía competencia para ordenar la libertad a los dos presidiarios Santiago Márquez y Adriana Bermeo, miembros de la autodenominada “primera línea” a los que el presidente de la extrema izquierda de Colombia, Gustavo Petro ha decidido que haran parte del colectivo de supuestos voceros de paz.

Recuerda la Procuraduría la responsabilidad de dicho órgano de control en la que “como función constitucional debe velar por el respeto de las garantías procesales y el cumplimiento de la supremacía constitucional, del principio de legalidad y de separación de poderes”.

En este sentido, reiteró que la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá solo tiene competencia para repartir las solicitudes de libertad y cumplir una orden en ese sentido que le entregue un juez de control de garantías. Enfatiza en que solo a falta absoluta de este, podría entrar a suplirlo. Por lo que la mujer pudo haber incurrido en el delito de concierto para delinquir suspendiendo la medida de aseguramiento.

Además de recordar la Pocuraduría que es igual, “en todos los casos y para el cumplimiento de su función, los fiscales, los jueces y la policía judicial deben enterar oportunamente, por el medio más expedito, a los procuradores judiciales de las diligencias y actuaciones de su competencia”.

El juez coordinador no puede ordenar y librar orden de libertad de un detenido, bajo el criterio de cumplir un decreto presidencial que requirió levantar o suspender órdenes de captura.

Finalmente, “la Procuraduría se permite precisar que el decreto presidencial ordenó levantar o suspender órdenes de captura, no levantar las medidas de aseguramiento impuestas por disposición de un juez en un proceso legal”, señaló el ente de control en un documento de prensa.​