
Tras meses de análisis, el tribunal de justicia transicional concluyó que no hay evidencia que respalde la hipótesis de personas sin identificar en los depósitos del aeropuerto bogotano, descartando la necesidad de medidas cautelares.
Barranquilla, 18 de marzo de 2025.- A través de un comunicado de prensa, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó la decisión de archivar el trámite relacionado con la posible presencia de cuerpos sin identificar en los hangares del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
La disposición de cerrar del caso dice la nota de prensa, se adopta luego de un exhaustivo análisis de la información remitida por diversas entidades nacionales e inspecciones realizadas por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Como se recuerda, esta investigación se inició en diciembre de 2024, tras las denuncias formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, entidad que emitió en su momento un informe preliminar que sugería la posible existencia de 20.000 cuerpos diseminados en los hangares de la terminal aeroportuaria capitalina.
Dada la gravedad de la denuncia y su importancia en el contexto del esclarecimiento de la verdad, la sección ordenó el 11 de diciembre la recopilación de pruebas que permitieran demostrar el supuesto de hecho investigado.
“Los resultados de estas investigaciones fueron concluyentes: los reportes de la UIA y la PGN confirmaron que en los hangares inspeccionados no se encontraron cuerpos ni estructuras óseas. Asimismo, el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas no contempla estos espacios como sitios de interés forense para la UBPD, lo que descarta su posible uso para la disposición de víctimas de desaparición forzada”, señala categóricamente la JEP.
Finalmente, la nota periodística señala que habida cuenta de lo encontrado en el marco de la investigación, es imposible seguir adelante. “Con esta decisión se da por concluido el trámite iniciado el 6 de diciembre de 2024, cuando la Secretaría Jurídica Distrital y la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. le pidieron a esta Jurisdicción revisar el tema”, puntualiza el boletín de prensa.